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Responsables de guarderías, madres trabajadoras y organizaciones de la sociedad civil presentaron ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) una queja y solicitaron medidas cautelares urgentes ante “la eliminación” del programa de estancias infantiles.
Juan Martín Pérez, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), comentó con EL UNIVERSAL que solicitaron ante el primer visitador de la CNDH una intervención inmediata para que evite que se vulneren los derechos humanos de más de 300 mil niños inscritos en las guarderías.
“Estuvimos en la CNDH para dialogar con el primer visitador sobre las reglas de operación que se publicaron la semana pasada, en donde se cancela el apoyo a las estancias y se transfiere de manera directa a los padres de familia, esto vulnera los derechos de los niños, porque los priva de un lugar seguro para su atención y porque los padres podrían usar el recurso para sobrevivir y no para la estancia”.
Los demandantes solicitaron que la CNDH intervenga en siete puntos: buscan que se eliminen de manera inmediata de la página de Conamer las reglas de operación del Programa de Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras, que abroga el apoyo a las estancias infantiles; que se gestionen medidas de seguridad urgentes para las responsables de estancias que han sufrido amenazas.
Piden además el pago inmediato de los apoyos de enero y febrero directamente a las estancias; que se publiquen en el Diario Oficial de la Federación las Reglas de Operación del programa de guarderías, para continuar con su funcionamiento.
El documento entregado a la comisión nacional exige una disculpa pública del Presidente de la República y de la subsecretaria Ariadna Montiel “por haber difamado y acusado de corruptas y de operar irregularmente” a las responsables de las estancias infantiles, lo que dañó su imagen y reputación. También se solicita frenar el hostigamiento a las responsables de estancias infantiles por parte de autoridades federales, estatales y municipales.
Por último, la queja invita a que la Secretaría de Bienestar y el DIF Nacional visiten cada una de las estancias acompañadas por personal de la CNDH y Sipina, para que conozcan cómo operan.
Las madres de familia, responsables de estancias y miembros de ONG coinciden en que la decisión del gobierno federal es una medida regresiva en el goce de un derecho de libertad del trabajo, protección social y el interés superior de la niñez, que afecta a 330 mil niños.
“Solicitamos que la CNDH intervenga y emita una recomendación a fin de evitar que se sigan vulnerando los derechos humanos, pedimos que se dicten medidas cautelares de manera urgente y se eliminen de inmediato las reglas de operación publicadas en Conamer”, dijo.
Antonieta Solís, encargada de una estancia infantil ubicada en Chalco, Estado de México, dijo que hasta el momento se desconoce el número de estancias infantiles que han cerrado, “pero eso será inevitable, porque muchas no cobraban, sobrevivían con el recurso gubernamental”.
En opinión de Juan Martín Pérez, realizar transferencias directas a beneficiarios es una manera de “lavarse las manos”, porque el Estado no tendrá manera de supervisar el buen uso de los recursos otorgados.
La queja presentada ante la CNDH establece que la eliminación del programa carece de razones jurídicas: “Dicen que es por la corrupción, pero la ASF, al evaluar su desempeño en 2017 y 2018, detectó irregularidades sólo en 319 de un total de 9 mil 565 estancias e hizo observaciones sólo a 1.8% del presupuesto del mismo [programa]. Estas medidas carecen de cualquier razón lógico-jurídica que las haga válidas y, por ende, debe ser declarada como violatoria de derechos humanos”, aseguró Pérez García.
