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El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, afirmó que a diferencia de otros sexenios, ahora el Estado mexicano reconoce la dimensión de la desaparición forzada como un paso fundamental para encarar y resolver el problema, pero recriminó que la Fiscalía General de la República (FGR) no colabore, como está obligada, dentro del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
Al participar en el conversatorio Retos y perspectivas a diez años del Informe de Misión a México del Grupo de Trabajo de la ONU sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, sostuvo que en un país donde “al día de hoy existen 98 mil 885 personas desparecidas o no localizadas, y que sólo haya 35 sentencias por desaparición, da cuenta del enorme rezago que las autoridades encargadas de impartir y procurar justicia tienen con las víctimas”.
Destacó que se instaló el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, pero la FGR no ha tenido una actitud de colaboración, lo que ha afectado las labores del gobierno en esa materia, e incluso ha generado tensiones entre esa instancia y Gobernación.
“Hemos tenido lamentablemente tensiones que, a mi juicio, eran innecesarias con la FGR; primero, para que cumpla con su responsabilidad de hacer las labores de búsqueda e investigación en los casos de las denuncias de desaparición forzada. Pero incluso llegamos al extremo de debatir sobre si existía o no el derecho de las personas a ser buscadas en caso de desaparición”.
Encinas Rodríguez afirmó que la reforma a la ley de la FGR implicó en esos aspectos “una regresión” de lo alcanzado.
“Porque no hay un entendimiento cabal de lo que es la autonomía. Autonomía no es autarquía, no es independencia. Autonomía es quitar las injerencias en el propósito de dotar de autonomía al Ministerio Público para que no hubiera un uso indebido político de las instituciones judiciales”, puntualizó.
Aseguró que durante décadas el Estado pretendió minimizar y ocultar este gravísimo problema y es en gran medida la omisión lo que ha llevado a la actual crisis humanitaria.
“Para 1982, ya teníamos registradas más de 883 desapariciones que no reconocía el Estado mexicano desde entonces. El Estado pretendió minimizar, ocultar este gravísimo problema y es en gran medida esta abdicación, esta omisión del Estado mexicano para enfrentar el problema, lo que nos ha llevado a esta gravísima crisis humanitaria, creo que ese es el punto de partida más importante”, dijo.
En este marco, aseveró que la actitud del actual gobierno contrasta con lo que pasaba anteriormente. “Nosotros desde el primer día de gobierno asumimos el tema de desaparición como parte de la crisis humanitaria y de la violación de derechos humanos”, señaló, tras reconocer que la gran asignatura pendiente es el combate a la impunidad.
“Es un problema estructural que requiere de la acción consistente e integral del Estado, que involucra a todos los órdenes de gobierno, a los tres Poderes de la Unión, y que debe tomar en consideración la participación de los familiares de las víctimas, de los colectivos”, añadió.
Enfatizó que en estos tres años de gobierno se han dado pasos importantes, entre ellos la conformación de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y la integración de las 32 comisiones locales.
Asimismo, agregó Encinas, se avanza en el Protocolo Homologado de Búsqueda, y se tiene una mesa de trabajo para atender la desaparición de personas migrantes.
También se cuenta con un Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No localizadas (RNPDNO), y se han inyectado alrededor de 2 mil 500 millones de pesos, de los cuales al menos 80 por ciento se canaliza a las comisiones locales para fortalecer las labores de búsqueda y el apoyo a familiares, ahondó.
A unos días de que se presente el informe del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, el subsecretario de Gobernación enfatizó que el gobierno mexicano está abierto al escrutinio internacional y asume la responsabilidad para cumplir con todas las recomendaciones que se emitan, además de que se reforzará la coordinación con los otros órdenes de gobierno, particularmente en la impartición de justicia.
