El magistrado presidente del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez Mondragón, advirtió que la reducción propuesta de 767 millones de pesos de presupuesto para el siguiente año afectará seriamente sus capacidades institucionales, porque esa cantidad es similar a la que proyectan para contratar al ejército de colaboradores en el desarrollo de lo que será la elección más grande en la historia de México.
Hizo un llamado a la Cámara de Diputados y a los integrantes de la Comisión de Presupuesto para que se revisen, reflexionen y valoren la trascendencia y afectaciones de esta propuesta.
Constitucionalistas opinaron que el recorte de 6 mil 465 millones de pesos al Poder Judicial obedece a que Morena está a favor de debilitar a entes públicos que le representan frenos y contrapesos.
Asimismo, el bloque de contención en el Senado impulsará una controversia constitucional contra los recortes a organismos autónomos, como el de 5 mil millones de pesos al INE, lo cual “pone en riesgo el sistema democrático de cara a la elección presidencial de 2024”.
Buscan debilitar contrapesos: expertos
El recorte propuesto al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) del Poder Judicial de la Federación (PJF) obedece a que Morena está a favor de debilitar a entes públicos que le representan frenos y contrapesos, consideran constitucionalistas.
Así lo manifestaron luego de que la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados dio a conocer el proyecto de dictamen del Presupuesto 2024 que contempla una disminución al PJF de 6 mil 465 millones de pesos.
Francisco Burgoa, abogado constitucionalista, enfatizó que no debe sorprender este debilitamiento al PJF y, ahora que ya culminó la extinción de 13 de los 14 fideicomisos, que acumulan más de 15 mil millones de pesos, Morena dio el primer paso junto con sus aliados para estar debilitando al PJF a partir de quitarle presupuesto.
Leer también: Iniciativa Privada, con discreta participación en defensa del INE
Resaltó que esta acción se traduce en que Morena sigue apostándole a debilitar al PJF a partir de la reducción del presupuesto, porque no se trata sólo de una política de austeridad, porque si ese fuera el caso tendría que existir un diálogo institucional entre la Cámara Baja, representada por las fuerzas políticas, con el Poder Judicial para conversar con la finalidad de determinar de cuánto es el monto que se puede reducir y no sólo que quede en la facultad de los legisladores.
El académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) consideró que la Cámara de Diputados tiene la facultad de poder reducir el presupuesto y detalló que la fracción cuarta del artículo 74 constitucional le da la atribución de discutir, modificar y aprobar el PEF de 2024.
“Pero en otra lectura esa facultad que tiene no puede verse de forma totalmente discrecional, es decir, no debe afectar a un poder como es el Judicial, que con base en su autonomía y su independencia necesita suficiencia presupuestaria para cumplir con las obligaciones que tiene derivadas de la Constitución, de las leyes y de tratados internacionales”, precisó.
Arturo Espinosa, abogado y consultor en temas electorales y constitucionales, señaló que los Poderes Ejecutivo y el Legislativo lo que están haciendo con los recortes es un ataque a la autonomía de órganos constitucionales como lo es el Poder Judicial de la Federación, que son fundamentales para garantizar los equilibrios y que se cumplan los límites a las funciones de los demás poderes.
Indicó que una de las formas que ha encontrado este gobierno de cobrarse ciertas cosas que no le gustan es con recortes a través del presupuesto de los organismos que le son incómodos.
“Sin duda, no le gusta a este gobierno que existan límites, ni contrapesos, quisiera un poder absoluto y que lo que diga el Presidente se realice en cualquier lado del país, pero el diseño constitucional e institucional que tenemos es de pesos y contrapesos, en el que hay límites”, subrayó el director del Laboratorio Electoral y Democracia.
Leer también: Defienden Tribunal e INE presupuesto ante comisiones
“Tenemos organismos que hacen valer esos límites y que están constantemente para hacer valer la Constitución, y cuando el gobierno quiere algo que va más allá de lo establecido o de las facultades del Poder Ejecutivo y una institución se lo impide se vuelve automáticamente un enemigo”, indicó.
Espinosa destacó que en el caso del PJF y el Instituto Nacional Electoral, el esquema es recurrir a la asfixia presupuestal, pues de esa forma los castiga cuando se vuelven incómodos a las decisiones del Ejecutivo.