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El 10 de diciembre, el Instituto Nacional Electoral (INE) reconoció a empleados por su compromiso en el desempeño laboral prestado a lo largo de 10 a 26 años en la institución; nueve días después despidió a casi una decena de ellos. Así, un grupo de empleados el INE promovió ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) un juicio para dirimir conflictos laborales con el organismo, al que demandaron reinstalación y pago de salarios.
De acuerdo con el INE, como parte de las medidas de austeridad se aplicarían ahorros, pero no habría despidos.
Antes del recorte de 950 millones de pesos aplicado por la Cámara de Diputados, el 19 de diciembre pasado, el INE notificó a un grupo de trabajadores de plaza presupuestal adscritos a la Dirección Ejecutiva de Capacitación y Educación Cívica el fin de la relación laboral a partir del pasado 1 de enero, por “reestructuración”.
En su defensa, los trabajadores denunciaron que el INE actuó irregularmente, pues una reestructuración es facultad expresa del secretario Ejecutivo del INE y dictamen previo de la Dirección Ejecutiva de Administración, lo que no pasó.
Además, según jurisprudencia del TEPJF, la separación con motivo de una reorganización que implique supresión o modificación de áreas debe valorar posibles reubicaciones, según aptitud o preparación o, en su caso, seleccionar de acuerdo con antigüedad, desempeño, servicio y logros académicos.
Sin embargo, en el caso de los denunciantes no hubo valoración de grados administrativos obtenidos, antigüedad, comportamiento, lo que “hace que la decisión arbitraria sea violatoria de nuestros derechos fundamentales”.
La demanda, en poder de EL UNIVERSAL, acredita que los despedidos no son de honorarios y han sido acreedores a premios y estímulos por su desempeño, lo que haría irregular haber sometido sus plazas a reestructuración.
Los casos
María Ivonne Salamanca, Elidia Santiago Lara, Julio González Aguilar y Faustino Contreras fueron reconocidos por el INE el pasado 10 de diciembre por contar con 25 y 26 años en la institución; se les entregaron felicitaciones por el compromiso y profesionalismo en el desempeño y reconocimientos por sus años de servicio firmados por el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova.
Salamanca, González Aguilar y Contreras tienen constancia de grado administrativo cinco por desempeño sobresaliente en 2014. González, además, goza de cédula de evaluación con calificación de 9.92 sobre 10 en 2016, y Contreras recibió como estímulo, en 2007, siete días adicionales de vacaciones “como reconocimiento a las mejores calificaciones obtenidas en el puesto”.
Santiago Lara cuenta con cédula de evaluación en el desempeño, en 2017, con calificación de 9.60 sobre 10.
Por todo ello, expusieron, no hay “motivos justificados para que se hiciera una evaluación tan subjetiva como la que se hizo” y causó la terminación de la relación laboral con el INE.
Los otros cinco trabajadores demandantes también cuentan con reconocimientos y estímulos: Nancy Juárez Cortés, Mireya Flores Nares, Adriana Erika Flores, David Sánchez Flores y Alfredo Garduño Conde cuentan con constancias de promoción grado administrativo por desempeño sobresaliente en 2017, 2014, 2010 y 2017, respectivamente, y calificaciones de 9.2 a 9.66.
