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La Comisión de Seguridad Pública del Senado recomendó atender acciones con perspectiva de género y de protección a derechos humanos, como parte de los procesos de capacitación y formación de efectivos de la Guardia Nacional.
Señaló que se deben seguir acciones “para evitar la violencia en contra de las mujeres, jóvenes, niñas y niños, grupos vulnerables y la protección de los derechos humanos”.
El Senado podrá aprobar, con esas recomendaciones en materia de capacitación en derechos humanos que considera necesarias, el primer informe anual de labores de la Guardia Nacional, tras su creación en 2019.
Por la suspensión de actividades legislativas, que causó la emergencia sanitaria, se pospuso la calificación del reporte, que fue recibido en febrero, y fue en septiembre pasado que recibió la aprobación en comisiones de la Cámara Alta, con facultades de control sobre la Guardia.
El panista Ismael García Cabeza de Vaca y la priista Claudia Edith Anaya Mota votaron en contra el dictamen del informe de la GN que será objeto de discusión en el pleno senatorial, eventualmente el próximo martes 13 de octubre.
En febrero pasado, cuando se remitió el informe de la Guardia Nacional, esta institución reportaba contar con 74 mil 437 elementos en 150 regiones distribuidas, en las 32 entidades federativas del país, 56.3% de despliegue respecto a las 266 regiones proyectadas.
Expuso entonces que “la Guardia Nacional tiene proyectado en el corto plazo ampliar su estado de fuerza a 140 mil efectivos”.
Al momento del informe, “se tienen cubiertas sólo 150 de las 266 regiones proyectadas a lo largo del país, y en la infraestructura física en la que sólo se ha avanzado en algunas entidades federativas”.
