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Lorenzo Córdova, presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), confió y deseó que pronto se enmiende el error y se desestimen las denuncias penales contra consejeros que respaldaron un acuerdo para aplazar la revocación de mandato por falta de recursos.
A través de un video en Twi-tter, expuso que las denuncias penales contra los servidores públicos se persiguen de oficio, por lo que siguen su proceso en la Fiscalía General de la República (FGR), y dijo que dicha denuncia, hecha por Sergio Gutiérrez, presidente de San Lázaro, “recuerda a las peores prácticas de regímenes autoritarios”.
Aseguró que las denuncias son “sobre presuntos delitos claramente inexistentes”, ya que sólo tienen propósitos políticos.
“Es un acto que recuerda las peores prácticas de los regímenes autoritarios, ya que perseguir a servidores públicos por tomar acuerdos y recurrir a otros Poderes para tratar de cumplir con sus responsabilidades legales implica criminalizar el derecho a disentir”, puntualizó Córdova.
Expuso que lo ocurrido es muy grave, pues “se traspasó una frontera que debería ser infranqueable y en la que se sustenta todo el arreglo democrático.
“Se quiso usar el brazo penal del Estado para amedrentar y amenazar a miembros de un órgano del mismo Estado, por el simple hecho de que piensan distinto”, agregó.
“Es grave que el presidente de un Poder, en el que además está representada la pluralidad de la nación, haya recurrido a denuncias penales para tratar de encarcelar a quienes no opinamos igual que él”, argumentó.
En la grabación, en la que también envió felicitaciones por Año Nuevo, el consejero presidente del INE manifestó que siguen los trabajos del instituto para organizar el ejercicio de revocación de mandato, a pesar de no contar con los recursos necesarios para llevarla a cabo con las características que exige la ley.
“En acatamiento a un acuerdo de la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación [SCJN] de una sentencia del Tribunal Electoral, el pasado jueves, el Consejo General [del INE] acordó continuar con los trabajos y hacer un nuevo esfuerzo por tratar de incrementar los mil 503 millones de pesos que hasta ahora logramos reunir”, mencionó Córdova.
También enfatizó que el costo de la consulta que la ley exige para la revocación de mandato es de 3 mil 800 millones de pesos; sin embargo, la consulta se hará con menos recursos, pero sin afectar y comprometer las facultades constitucionales del INE y los derechos laborales de quienes trabajan en el instituto.
Refrendó que el organismo electoral se encuentra en disposición para que el proceso de revocación de mandato se lleve a cabo con las características que estipula la Constitución, por lo que, agregó, a veces se han tomado decisiones “polémicas y controvertidas que se han considerado necesarias”, pero esto no debería ser motivo de censura ni de persecución penal o política.
El pasado 29 de diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Guitiérrez Luna, quien inició una demanda penal ante la Fiscalía General de la República por considerar que el Consejo General del INE incurrió en un delito por posponer la consulta de revocación de mandato por el recorte presupuestal impuesto por los propios legisladores, había desistido de ratificarla.
