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El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) informó que hasta el 18 de diciembre recibió 461 quejas por actos de discriminación relacionados con el Covid-19.
La dependencia señaló que la Ciudad de México, con 166 casos, es la entidad donde más quejas se presentaron, seguida por el Estado de México, con 58; Veracruz, 22; Jalisco, 18; Guanajuato, 17; Nuevo León, 17; Chihuahua, 13; Tamaulipas, 10; Quintana Roo, 10, y Puebla, 9. Los datos del Conapred muestran que hubo quejas en 31 entidades, a excepción de Zacatecas, y el día en el que más acusaciones hubo fue el 6 de abril de 2020.
En total, 244 mujeres y 215 hombres habrían sido las personas vulneradas durante la emergencia sanitaria y en los otros casos se desconoció el sexo de la víctima. Los afectados fueron trabajadores, clientes de prestadores de servicios privados, empleados de unidades médicas, adultos mayores, residentes de condominios, personas con discapacidad, mujeres embarazadas, estudiantes de medicina, clientes de bancos y personas privadas de la libertad, entre otros.
Asimismo, quienes fueron acusados por presuntamente cometer los actos de discriminación son servidores públicos, instituciones de seguridad social, hospitales y clínicas públicas, empresas, escuelas, centros penitenciarios federales, centros comerciales, bancos, centros de asistencia social, despachos profesionales, pequeños negocios y aerolíneas, entre otros.
El Conapred recibió sus primeras quejas por discriminación el 19 de marzo, un par de semanas después se registró el primer caso de Covid-19 en México, y a partir de ese momento las acusaciones continuaron. Durante este año medios de comunicación y en las redes sociales se dieron a conocer casos de doctores y enfermeras que atienden el coronavirus y sufrieron ataques físicos o verbales en espacios públicos, negocios o en sus propias comunidades.
Entre los primeros reportes de discriminación que el Conapred recibió en marzo se encuentra el personal de limpieza que acusó a una escuela privada de obligarlos a ir a trabajar, a pesar de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) había ordenado no reunir a un gran número de personas en espacios cerrados.
De la misma manera, un hombre aseguró en el tercer mes del año ser víctima de acoso por parte del administrador de un condominio privado, quien lo señaló por supuestamente estar enfermo de Covid y le impedía moverse del lugar. En el espacio laboral, una mujer adulta expresó que en su trabajo le pidieron su renuncia por ser familiar de una persona con coronavirus.
