Especialistas en temas educativos aseguran que la intención del gobierno de abandonar la , que aplica la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) cada tres años a estudiantes de 15 años, es por la falta de transparencia de la actual administración federal, que busca evitar que se conozca, a través de la evaluación, si funciona o no su estrategia educativa.

En este sexenio se dejaron de aplicar evaluaciones para estudiantes de educación básica, como PLANEA (Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes), el Estudio Regional Comparativo y Explicativo, que dejaron de aplicarse en 2019, y TALIS (Teaching and Learning International Survey), promovido por la OCDE, que está dirigido a directores y maestros.

EL UNIVERSAL publicó ayer en su edición impresa que la OCDE solicitó al gobierno de México continuar con los preparativos, pues su participación en la medición de PISA 2025 “está en riesgo”.

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El expresidente de la Junta de Gobierno del desaparecido Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y presidente de Métrica Educativa, Eduardo Backhoff Escudero, comenta que esta administración ha dejado de aplicar evaluaciones diagnósticas “por ignorancia, por no saber que la evaluación es un instrumento indispensable para mejorar el sistema educativo nacional. El dejar de hacer pruebas no son más que ocurrencias. Este es un gobierno que se basa en improvisaciones y ocurrencias”.

Dice a EL UNIVERSAL que al actual gobierno “la palabra evaluación le produce urticaria, y entonces prácticamente desaparecieron el concepto evaluación de toda la normatividad educativa, exceptuando la evaluación de los estudiantes para propósitos de acreditación de un grado a otro. La reforma educativa pasada hacía mucho énfasis en la evaluación, pero a este gobierno, es evidente, no le gustan este tipo de herramientas y por eso quitaron las evaluaciones”.

Destaca que “este sexenio percibe la evaluación como una amenaza. Es como si uno va al médico y no quiere hacerse un examen clínico porque piensa que saldrá mal. Este gobierno tiene una distorsión tremenda de lo que implica una evaluación, que es consustancial a la educación”.

Asegura Backhoff que PISA 2025 reflejaba un poco el avance o retroceso de la Nueva Escuela Mexicana entre los estudiantes que ese año concluyan el tercero de secundaria.

“Agarraría un poquito de la estrategia educativa de este gobierno, pero, más allá de hacer una evaluación de la estrategia educativa de esta administración, es que sabe que saldrá mal porque ya salió pésimo en los resultados de PISA que se dieron a conocer en diciembre pasado y es muy probable que salga peor en la prueba de 2025. Entonces, sí, definitivamente, no quiere que se sepa en qué condiciones está el sistema educativo en México”, refiere.

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Desde su óptica, si México sale de PISA no tendrían efectos inmediatos. Sin embargo, resalta que el país se quedará sin un referente nacional que ha servido para detectar cómo han evolucionado o no los aprendizajes de los estudiantes.

“Eliminar PISA es más que nada una falta de transparencia para los ciudadanos y no se va a contar, insisto, con puntos de referencia que nos muestren los avances o retrocesos en los aprendizajes. Sin PISA van a continuar las políticas basadas en las ocurrencias”, argumenta.

Precisa que la eliminación de la evaluación de la OCDE sería por motivos políticos, al recordar que cuando se dieron a conocer los resultados de esa prueba en diciembre pasado tanto el Presidente como la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya, los descalificaron.

“Ambos manifestaron que el gobierno federal no confiaba en esas evaluaciones porque son hechas por organismos internacionales que no consideraban el contexto mexicano. En pocas palabras, la descalificaron políticamente, diciendo que no les servía y que no utilizarían los resultados ”, expresa.

Considera lamentable la eventual decisión del gobierno mexicano de salirse de PISA porque argumenta que el país quedaría a ciegas al no contar ya con un mecanismo que le brinde información útil, válida y confiable para tomar decisiones basadas en evidencia.

Doctor en Educación por la Universidad de Stanford, integrante del Consejo Mexicano de Investigación Educativa y académico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) campus Xochimilco, Carlos Ornelas asegura que si el gobierno de López Obrador decide no realizar la prueba piloto de PISA para la OCDE implicaría una clara señal de que la actual administración rechaza esta evaluación, que en México se comenzó a aplicar en el año 2000.

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Resalta que a la actual administración “no le gustan los datos, la evidencia. Para eso existen los ‘otros datos’. Entonces, cualquier informe que venga del extranjero o de nuestro país y no coincida con la visión del Presidente será rechazado, criticado y quemado en la hoguera de las descalificaciones con toda esa parafernalia discursiva”.

Ornelas recuerda que entre las iniciativas que envió el Presidente al Congreso hace unos meses se encuentra la eliminación de Mejoredu, cuyas funciones quedarían en la Secretaría de Educación Pública, por lo que, a su juicio, se convertiría en juez y parte a la hora de evaluar a los estudiantes.

“Estaríamos sin PISA y quizá sin Mejoredu, por lo que la SEP aplicará las evaluaciones y todo estará a todo dar, va a estar todo requetebién. Sin una evaluación independiente no hay certeza, sino opacidad, y esto se prestaría mucho a la trampa, a la autocomplacencia de que todo está bien. Y es uno de los riesgos”, dijo.

José Antonio Salazar Andreu, académico de la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana (UP), externa que si el gobierno federal acuerda abandonar PISA sería un grave retroceso para el país, “pues lo que no se mide no se puede mejorar”, dice.

“El problema es que si dejamos PISA no vamos a poder saber dónde estamos parados en cuanto a los aprendizajes”, externa.

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