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El juez de Control Genaro Gerardo Alarcón rechazó la solicitud de la defensa legal de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), para analizar si los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero ligados al caso de la empresa brasileña Odebrecht prescribieron.
En la audiencia, de una hora y media, los agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), de la Unidad Inteligencia Financiera (UIF) y de Pemex manifestaron que no procedía la solicitud, debido a que se declaró la apertura del juicio oral.
El juez consideró válidos los argumentos de los agentes y determinó improcedente la solicitud.
Antes de iniciar la audiencia, Miguel Ontiveros, abogado del exfuncionario, dijo que solicitaría al juez declarar prescrita la acusación en contra de su cliente.
A las afueras del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, el litigante comentó que el procedimiento mediante el cual se asentó la denuncia se hizo fuera de los términos establecidos en el Código Penal Federal para los efectos de ejercer la acción penal.
Señaló que se tiene como finalidad de ratificar esa voluntad de llegar al acuerdo reparatorio y criterio de oportunidad.
“Pero a su vez ejercer un acto de defensa consistente en sostener que el ejercicio de la acción penal en el caso Odebrecht, que hace referencia a los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero, prescribió, por lo tanto, el asunto procede a sobreseer”, refirió Ontiveros.
También comentó que los señalamientos contra su cliente y Gilda Margarita Austin Solís se efectuaron de manera extemporánea y sin que las autoridades hubieran presentado la denuncia correspondiente.
El pasado 7 de mayo, los abogados Miguel Ontiveros y Alejandro Rojas afirmaron que la determinación del monto de la reparación del daño, por los casos Odebrecht y Agro Nitrogenados, suman 10 millones 736 mil 351 dólares, cifra que fue fijada por el gobierno de la República a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y Pemex.
En un comunicado, los abogados dieron respuesta al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien durante su conferencia matutina el pasado 28 de abril refirió que los 10.7 millones de dólares “se me hace muy poco… Que hagan bien las cuentas”.
Los litigantes remarcaron que las instituciones reclamaron esa cantidad ante el órgano jurisdiccional con base en dictámenes oficiales.
“En el marco de la denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República, nuestro representado señaló —con claridad— quiénes fueron los beneficiarios finales de los sobornos, a cuánto ascendieron éstos, quién instruyó entregarlos y cómo se realizaron las entregas de dinero”.
En relación con la pregunta del Mandatario de cuánto fue el pago extra o excedente en la compra de Agro Nitrogenados, los representantes legales resaltaron que su cliente, quien permanece en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte desde noviembre de 2021, nunca ha mencionado que en esa materia hubiese sobreprecio ni ha aceptado participación ilícita alguna en la compra de la planta.
También el 27 de abril, Ontiveros consideró que en menos de 15 días su cliente podría salir de prisión y abonar en la investigación contra el expresidente Enrique Peña Nieto; dijo que su cliente seguiría colaborando.
