Con un registro propio de más de 38 mil desapariciones desde el inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, madres buscadoras y organizaciones no gubernamentales rechazan la cifra oficial de personas desaparecidas del Resumen de Resultados de la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada de Personas Desaparecidas que ayer presentó el gobierno federal.
En una plática con EL UNIVERSAL, las activistas también acusaron que el censo mostrado por la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, es una simulación, pues muchos colectivos de rastreadoras y familiares de desaparecidos no fueron tomados en cuenta para el conteo.
“Es desgarrador y es violatorio a nuestros derechos humanos disminuir y minimizar a las personas desaparecidas con estas cifras y declaraciones. Es ver su vida como si fuera un trámite, un papel o campaña política… Podría darte datos exactos, pero la crisis humana habla porque lejos de que las buscadoras encontremos confianza en las autoridades, estamos más abandonadas y revictimizadas que nunca.
“Nosotras no nos inventamos una cifra negra, sino que sabemos, por el recuento que hacemos, que el registro que nosotras tenemos triplica al número que se presentó y es una desgracia que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas (RNPD) refleje la impunidad que hoy vivimos”, declaró al respecto Bibiana Mendoza, líder del colectivo nacional de buscadores Hasta Encontrarles.
De acuerdo con el resumen de resultados que se expuso en la conferencia mañanera, actualmente existen 110 mil 964 registros de personas desaparecidas en México.
El reporte desglosa que entre esos ausentes, 36 mil 22 no tienen indicios para realizar una búsqueda; 26 mil 90 no tienen datos suficientes para identificar; 17 mil 843 son personas ubicadas; 16 mil 681 corresponden a personas localizadas, y 12 mil 377 son personas desaparecidas actualmente, cuyo caso se encuentra en investigación por parte de comisiones y fiscalías.
La buscadora guanajuatense apuntó que dicho corte está “desinflado”, pues más de 24 colectivos de madres buscadoras de diferentes entidades cuentan con un subregistro de cifras negras que no fueron contempladas en el censo.
“En este sexenio alcanzamos una cifra de más de 150 mil desaparecidos. Habrá que recordarle al Mandatario que no es que seamos opositoras o inventemos cifras negras, a nosotras no nos gusta que desaparezca nuestra familia y luchamos por que los casos sean contados y visibles, pero desgraciadamente hay muchos números que no están en el RNPD, esto también viola nuestros derechos humanos”, expresó la activista.
Por su parte, Cecilia Patricia Flores, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, pidió al gobierno federal detener los ataques y descalificaciones hechos desde su conferencia mañanera en contra de las familias de personas desaparecidas, pues aunque no son señalamientos directos, suman a la narrativa contra su lucha diaria.
“En lugar de ponerse en nuestra contra, debería agradecer que hacemos el trabajo que no hace el gobierno y sin recibir una paga. En el estado de Sonora desaparecen hasta 10 personas al día, ahora también él los desaparece con lo que dice”, dijo sobre el comentario de López Obrador, en el que asegura que su gobierno “no ha borrado a nadie”.
La líder de rastreadoras de los estados del norte también negó que los grupos de madres buscadoras que conoce fueran censados por el gobierno o por alguna comisión local de búsqueda.
“No nos visitaron en ningún momento. Creo que sí deberíamos perder el miedo y denunciar como dice él, para ayudar al registro, pero debe reconocer que ni la Ley de Desaparecidos ni el supuesto censo son garantía, ni verdad para nosotras que somos las que andamos en campo.
“Los desaparecidos no se buscan en su casa, se buscan en las fosas clandestinas, en las calles donde asesinan por culpa de la estrategia de seguridad ‘abrazos, no balazos’”, reclamó.
Ambas activistas refirieron que desde la renuncia de la excomisionada nacional de Búsqueda, Karla Quintana, familiares de personas desaparecidas pronosticaban la presentación de un reporte maquillado, que minimizara la dificultad y con nulos aportes a la crisis de identificación humana, a la que se le ha restado aún más importancia que a las desapariciones.
En coincidencia con las madres buscadoras, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) señaló que las estadísticas tienen como objetivo diluir una crisis que se salió de control en los pasados seis años y, aunque aplaude el intento de transparentar datos, a la par de las buscadoras exigió se muestren resultados reales y que no se atribuyan a los colectivos de búsqueda las fallas en la exactitud del reporte.
“Esfuerzos como el de la revisión del registro deberían orientarse, más bien, al funcionamiento de herramientas para revertir la falta de identificación de cuerpos y restos, como el Banco Nacional de Datos Forenses.
“La crisis de desapariciones continúa. No es una herencia del pasado, es herida del presente”, recalcó la organización.
