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Sindicatos y trabajadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) se han sumado a los amparos tramitados contra la ley de remuneraciones, los cuales, hasta el 24 de diciembre, llegaron a 3 mil 317 demandas.
De acuerdo con el Consejo de la Judicatura Federal, 290 de esas demandas fueron tramitadas en línea y en total van 14 mil 737 quejosos que se pronuncian en contra de la ley que regula las disminuciones salariales para que ningún servidor público gane más que el presidente de la República.
La mayoría de los quejosos son funcionarios del Poder Judicial de la Federación: 430 jueces, 573 magistrados, 4 mil 172 secretarios, 934 actuarios y 4 mil 578 oficiales.
Mil 812 quejosos son de otras dependencias y organismos como Pemex, Cofece, PGR, IPN, Cisen, INE, SAT, IFT, ISSSTE y Segob.
A estos quejosos ahora se han sumado trabajadores del INAH, el Sindicato Único de Trabajadores docentes del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, el Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear, Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN.
La aplicación de la ley federal de remuneraciones fue suspendida el 7 de diciembre pasado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La medida permanecerá hasta en tanto los ministros resuelvan las acciones de inconstitucionalidad tramitadas por senadores y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Sin embargo, la ley no sólo prevé reducciones salariales a la burocracia mexicana, sino sanciones a quien gane más que el presidente de la República y a quien no denuncie a sus compañeros que se encuentren en este supuesto.
