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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó la propuesta de no analizar la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos, de noviembre de 2018, por lo que el pleno iniciará el estudio de las violaciones al proceso legislativo que fueron señaladas para intentar invalidar dicha norma.
Con siete votos, los ministros volvieron a poner en la mesa de debate el proyecto elaborado por Alberto Pérez Dayán, que propone declarar inválida en su totalidad la ley que prohíbe a los servidores públicos ganar más que el Presidente, por violaciones y omisiones legislativas.
La votación frenó la propuesta del presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, y de las ministras Norma Lucía Piña Hernández y Yasmín Esquivel Mossa de no continuar con el análisis de la ley debido a que el pasado 12 de abril fueron reformados 15 de los 17 artículos que la conforman y esto la convierte en un cuerpo normativo totalmente nuevo.
Aunque esta postura fue acompañada por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, aclaró que no se pronunciará con relación al fondo del asunto, es decir, si la ley es o no inconstitucional.
En tanto, el ministro Luis María Aguilar Morales destacó que la reforma de abril pasado no eliminó la ley de salarios de 2018, y que tanto los senadores como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que tramitaron las acciones de inconstitucionalidad, argumentaron vicios generales que debían ser estudiados.
El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena observó que la Corte ha evolucionado para generar reflexiones más profundas que la posibilidad de sobreseer un asunto por “modificaciones cosméticas”.
“En ambas acciones constitucionales los promoventes nos formulan una gran interrogante, la Constitución permite que la facultad de aprobar la remuneración del Presidente de la República y, con ello, el tope para todos los demás funcionarios públicos sea discrecional o, por el contrario, la Constitución exige que sea una facultad reglada”, afirmó.
Por su parte, el ministro Alberto Pérez Dayán señaló: “¿No es atípico que una ley recién expedida sea reformada en menos de un mes, 90%? ¿Qué no será que, entonces, en realidad, las violaciones expresadas en conceptos genéricos son reales? Eso es lo que se tiene que ver de fondo. Me es de llamar la atención, precisamente, este argumento: han cesado los efectos, porque la ley se cambió prácticamente en su totalidad; dos de los argumentos tienden a demostrar que la ley fue un mal producto legislativo que generó, entre otras, la necesidad de cambiarse 90%”, enfatizó.
La discusión del asunto continuará el próximo jueves, en tanto, el ministro presidente Arturo Zaldívar informó que las dos nuevas impugnaciones al decreto que reformó la ley de salarios, publicado el pasado 12 de abril, fue turnado a la ponencia de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, quien deberá elaborar el proyecto de resolución.
Esas impugnaciones también fueron tramitadas por senadores del PRD, PRI, Movimiento Ciudadano, PAN y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
