Desde hace casi un año, la Fiscalía General de la República (FGR) ha negado el acceso a la indagatoria que inició en contra de 31 exintegrantes del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, del mismo organismo.
En 2020, la directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, presentó una denuncia ante la FGR contra Enrique Cabrero, Julia Tagüeña, Adriana Guerra, Jesús Borja, Miguel Guajardo y Elías Micha Zaga, entre otros académicos, por —supuestamente— transferir ilícitamente 50 millones de pesos al foro.
Los delitos que inicialmente fueron señalados en la denuncia son peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades, razón por la que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales inició la carpeta de investigación con número FED/SEIDF/ UNAI-CDMX/0000770/2020.
Esto fue dado a conocer por Álvarez-Buylla en una conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, en octubre de 2020.
El 25 de noviembre de ese año, Julia Tagüeña, excoordinadora general del foro, solicitó ante el juez Noveno de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México la protección federal para que ordenara a la FGR darle acceso a la carpeta de investigación.
En su demanda, Tagüeña pidió la suspensión provisional y definitiva para que la FGR le permita conocer la investigación en su contra y en la que también están involucradas otras 30 personas.
Sin embargo, las medidas le fueron negadas porque el juez consideró que darle acceso desde ahora podía dejar sin materia el juicio de amparo y ya no tendrá oportunidad de analizar si fue correcto o no que la fiscalía rechazara su petición inicialmente.
De acuerdo con los estrados judiciales, en el amparo, la fiscalía admitió el acto reclamado y únicamente remitió al juez las constancias sobre las que se basó para no darle a Tagüeña acceso a la investigación.
El abogado de Tagüeña solicitó al juez que ordene a la FGR enviar todas las constancias de la carpeta de investigación para que verifique si, efectivamente, tuvo razón en negar el acceso a dicho expediente.
Sin embargo, la FGR sostuvo su postura y el juez consideró adecuado su argumento, por lo que negó la petición del defensor. Contra este acuerdo, Tagüeña presentó un recurso de queja que está pendiente por resolver en el Tercer Tribunal Colegiado en materia Penal, por lo que el amparo sigue en trámite.
La indagatoria de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales fue enviada a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, debido a que el Ministerio Público consideró que se configuran además los delitos de delincuencia organizada y lavado.
