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Guillermo García Alcocer, extitular de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), se dijo inocente de las acusaciones de la Secretaría de la Función Pública (SFP), por lo que impugnará la inhabilitación que la dependencia le impuso por 10 años. García Alcocer difundió en Twitter su respuesta ante las acusaciones de la SFP.
“Sostengo mi inocencia y voy a impugnar esta sanción hasta las últimas instancias, dentro de los plazos legales correspondientes. Hoy me dedico a la academia, no me defenderá para acceder a un puesto en el gobierno federal, sino para cuidar mi nombre”, recalcó García Alcocer.
Consideró injusta la acción de la secretaría, ya que en todo el tiempo en que trabajó en el servicio público lo hizo con apego a la ley.
“La decisión de la Secretaría de la Función Pública es una injusticia. Tengo la conciencia tranquila, dediqué casi 25 años de mi vida al servicio público y siempre actué con apego a la ley”, escribió en el comunicado.
Acusó que la SFP violó el debido proceso, pero dijo que colaborará con la autoridad para probar su inocencia.
“La investigación se hizo pública antes de que iniciara, vulnerando el debido proceso. Colaboraré desde el principio poniéndome a disposición de la autoridad y luego aportando elementos probatorios de mi inocencia”.
Añadió: “Declaré los nombres de las personas relacionadas en lo familiar e hice pública esa información desde que llegué a la comisión. Ahí incluí a un familiar en cuarto grado que es empleado de un grupo de empresas a nivel nacional e internacional. Lo anterior, aun cuando la Ley de Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, la cual regula a la CRE, habla de que los potenciales conflictos de intereses de los comisionados sólo se pueden dar con familiares en segundo grado”.
Explicó que el permiso cumplió todos los requisitos de ley y fue autorizado por los comisionados.
“El permiso cumplió todos los requisitos de ley, fue autorizado colegiadamente por unanimidad del pleno conformado por siete personas (comisionados) que no tienen relación con la subordinación. Mi actuación se sustentó en el análisis de la Unidad Jurídica de la Comisión, que no identificó vínculo de la empresa solicitante con el familiar en cuarto grado”, dijo.
