La crisis que ha vivido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desde hace meses terminó ayer en una rebelión de cinco de los siete magistrados que integran su Sala Superior, que llevó a que, hoy, este órgano jurisdiccional tenga dos presidentes, en medio —todavía— de la discusión de impugnaciones sobre el reciente proceso electoral.
Y es que, ayer, la magistrada Janine Otálora y los magistrados Felipe Fuentes, Felipe de la Mata, Indalfer Infante y Reyes Rodríguez buscaron que se incluyera en la sesión pública un punto para discutir el desempeño del magistrado presidente, José Luis Vargas, con miras a su destitución. El punto fue presentado por el magistrado Felipe de la Mata. Vargas Valdez y la magistrada Mónica Soto, se opusieron.
En consecuencia, el magistrado presidente decretó un receso de la sesión. La magistrada Janine Otálora, entonces, hizo uso de su facultad de magistrada decana del TEPJF y convocó a todas las magistraturas a sesión.
En una nueva reunión en la que no estuvieron presentes el magistrado presidente, José Luis Vargas, ni la magistrada Mónica Soto, los otros cinco magistrados votaron por unanimidad la destitución del titular, al que calificaron de poco ético, de incumplir con obligaciones legales, constitucionales y reglamentarias, así como de faltar el respeto a los integrantes del pleno, entre otros.
Los cinco magistrados votaron, por unanimidad, nombrar a Reyes Rodríguez Mondragón como el nuevo líder del tribunal.
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Desde hace ya varios meses, en el interior del Tribunal Electoral se ha desatado una guerra entre magistraturas en contra del magistrado presidente, la cual ha incidido, incluso, en la toma de decisiones.
Al iniciar ayer la sesión pública semanal, de la Sala Superior, encabezada por José Luis Vargas, el magistrado Felipe de la Mata pidió que en el orden del día se incluyera un punto mediante el cual se solicitó evaluar la gestón de la presidencia del tribunal.
El titular se opuso a ello, con el argumento de que en las sesiones públicas se discuten únicamente temas jurisdiccionales y no administrativos, que es el rubro en el que estaría tal petición.
Cinco magistraturas defendieron que el tema sí podía ser discutido. En tanto que la magistrada Mónica Soto acusó a sus compañeros de no haberle informado sobre el proyecto propuesto, violando así el principio de transparencia.
Advirtió, incluso, que ello podría caer en violencia política de género, por lo que conminó a discutir el tema en otro espacio.
Ante el acorralamiento, el magistrado presidente decretó un receso en la sesión, sin pedir voto para ello.
En un oficio firmado por los cinco magistrados “rebeldes”, solicitaron que el magistrado presidente reanudara la sesión en un lapso de 15 minutos, cosa que no ocurrió. En consecuencia, la magistrada Janine Otálora hizo uso de su facultad de decana del TEPJF y convocó a una nueva sesión, ello ante la ausencia, justificó, del magistrado presidente.
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La sesión se reanudó sin la presencia de José Luis Vargas Valdez ni de la magistrada Mónica Soto. También fueron destituidos, por ausencia, el secretario General de Acuerdos y la subsecretaria General de Acuerdos, nombrando a nuevos titulares.
Se sometió a discusión, entonces, el punto presentado por De la Mata, en donde se solicitó la destitución de Vargas Valdez.
Felipe de la Mata cuestionó el actuar de Vargas Valdez; señaló, incluso, distintas irregularidades administrativas.
El magistrado Felipe Fuentes recordó que Vargas Valdez tiene un proceso judicial en su contra, una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.
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Además, añadió, ha habido faltas de respeto hacia el personal del tribunal.
Los magistrados detallaron que entre los hechos en los que incurrió Vargas Valdez y son considerados como irregulares están el cambio de fecha en la discusión de las gubernaturas para Guerrero y Michoacán, para Morena, así como lo ocurrido con el caso de la paridad de género en las candidauras a gubernaturas, que intentó que no pasara.
Reyes Rodríguez Mondragón, quien fue elegido nuevo magistrado presidente, subrayó que la ciudadanía exige de sus jueces y tribunales independencia e imparcialidad, así como que garanticen el ejercicio de los derechos político-electorales.
