Consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), integrantes de la Junta General Ejecutiva y los 32 vocales de las Juntas Locales del país se reunieron para evaluar el impacto del plan B de la reforma electoral, en caso de que se apruebe en febrero.
La “constelación de inconstitucionalidades”, como las calificó el consejero presidente, Lorenzo Córdova, deberán ser analizadas y ponderadas por la Corte, una vez que se promuevan los recursos de inconstitucionalidad tras la aprobación de la reforma.
Advirtieron que la reforma representa la desaparición casi inmediata de 2 mil 800 puestos de trabajo del Servicio Profesional Electoral Nacional y pone en riesgo la realización misma de los procesos electorales.
El análisis y evaluación de estas modificaciones continuará por parte de las Juntas locales y distritales en los próximos días.
A la reunión asistieron los consejeros Carla Humphrey, Jaime Rivera, Ciro Murayama, Claudia Zavala, Martín Faz, Adriana Favela y Lorenzo Córdova; los demás se disculparon por temas de agenda.
El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, advirtió que la reforma electoral erosiona cinco grandes pilares democráticos que ponen en riesgo la capacidad operativa del órgano electoral para la organización de elecciones y, por tanto, la estabilidad política y gobernabilidad democrática.
Al inaugurar el seminario Los Estados en 2022, la Nueva Distribución Partidista, apuntó que además de ser inconstitucional, los cambios legales nulifican las garantías constitucionales que han permitido elecciones libres.
Puntualizó que están en riesgo la autonomía de los órganos electorales, la existencia de un Servicio Profesional Electoral, la presencia permanente del INE en todo el país a través de oficinas desconcentradas; un Padrón Electoral manejado con criterios técnicos, bajo la supervisión de partidos políticos y condiciones de equidad en la competencia electoral.
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