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El Consejo de la Judicatura Federal informó que 86 juzgadores federales han sido readscritos en 21 entidades del país para evitar que incurran en nepotismo.
Mediante un comunicado, el consejo indicó que la readscripción de los juzgadores busca evitar que trabajen en los mismos circuitos o regiones donde laboren sus familiares dentro del Poder Judicial.
“El nepotismo ha afectado la percepción interna y externa del PJF desde hace años, e implica un riesgo de posibles conflictos de intereses. Al interior, genera una percepción negativa de que los ascensos se dan sin tomar en cuenta los méritos realizados. Y al exterior, parece que existe una cultura de protección y que los cargos son prácticamente heredados.
“Desde luego hay juzgadoras y juzgadores, así como otros servidores públicos del PJF, que aun teniendo lazos familiares se han desempeñado de manera muy destacada dentro de la institución. Pero la sospecha del nepotismo ha acechado incluso a los que por méritos propios han conseguido avanzar y sobresalir en su carrera profesional”, indicó el consejo.
Por ello, para acabar con este tipo de prácticas en el interior del Poder Judicial el consejo afirmó que aprobó un acuerdo general en el que se regulan los criterios de ratificación de juzgadores, reincorporaciones, adscripciones y readscripciones.
“En adelante, habrá reglas específicas respecto a la contratación de familiares en juzgados y tribunales, así como dentro de los circuitos a los que pertenezca determinado juzgador”, agregó.
Problema pendiente en la Suprema Corte
El anuncio sobre los juzgadores readscritos ocurre luego de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó 59 casos de trabajadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que tienen, al menos, un hermano laborando ahí mismo, y de ellos, 10 están en la misma área.
Asimismo, señaló que la Suprema Corte carece de reglas para evitar el nepotismo en el interior de la institución.
“Se identificó la falta de normatividad que regule el ingreso de personal con relación de parentesco en una misma área de adscripción”, indicó la auditoría.
Ante esto, la Corte informó a la Auditoría Superior de la Federación que realizará una adecuación a la normativa interna para que se incluya una disposición en la que se solicite una declaratoria para todo el personal de nuevo ingreso y reingreso de no conflicto de intereses, relativa a la existencia o no de alguna relación civil o familiar por consanguinidad hasta el cuarto grado y para que ya no se contrate dentro de una misma área a personas que guarden algún parentesco.
La Auditoría Superior revisó la gestión financiera de la Corte sobre el presupuesto que ejerció de 3 mil 100 millones de pesos durante dicho ejercicio fiscal.
El organismo concluyó que el gasto de la Corte se apegó a la ley, pero que además de la ausencia de reglas para controlar el nepotismo, también falta regularizar la firma de sus contratos y que realizó adjudicaciones directas en las que no se acreditaron los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez.
Según el documento, durante 2018 la SCJN canceló comisiones oficiales que generaron gastos, sin que se justifiquen debidamente por tratarse de necesidades del servicio, caso fortuito o de fuerza mayor.
Todo ello, señaló, “con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas”.
