Carlos Aguirre Morales, exsubsecretario de Egresos de la administración de Javier Duarte en Veracruz, sumó 10 condenas de responsabilidad resarcitoria por las irregularidades cometidas durante su encargo, por lo que debe indemnizar a la Federación con 6 mil 760 millones de pesos.

Desde 2021, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) confirmó las sanciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al exfuncionario por daños ocasionados a la hacienda pública, derivados de desvíos de recursos federales.

La ASF ha argumentado que el exsubsecretario no realizó un debido seguimiento en el ejercicio de los recursos federales que recibió Veracruz durante la administración duartista ni resguardó documentación contable que justifique el gasto público.

La última sanción fue impuesta el pasado 11 de mayo, en la que se le condenó a pagar mil 472 millones de pesos por incumplir con sus obligaciones como funcionario estatal y ocasionar con ello un daño a la hacienda pública.

Dicha sanción derivó de la auditoría realizada sobre el ejercicio 2014 en Veracruz para fiscalizar el gasto de los recursos federales que recibió para el Seguro Popular.

“Se determinó que no se instrumentaron las medidas necesarias para la entrega de los recursos de la cuota social y la aportación social federal correspondientes al año 2014, ya que se recibieron 4 mil 339 millones 431 mil 252 pesos de la Federación, pero sólo se transfirió al régimen estatal de protección social en salud del gobierno del estado de Veracruz la cantidad de 2 mil 867 millones 589 mil 315 pesos.

“Quedando pendientes mil 471 millones 841 mil 937 pesos, más los rendimientos financieros generados hasta la fecha de la revisión por 215 mil 418 pesos”, señaló la magistrada ponente, Luz María Anaya Domínguez, al citar los antecedentes del caso.

Dijo que Aguirre sí incumplió con sus obligaciones como subsecretario de Egresos, como dar seguimiento al ejercicio del gasto público y adecuar la administración contable de los recursos federales.

El exfuncionario alegó que no era su obligación transferir los recursos adecuadamente, sino del tesorero pero, por unanimidad de votos, el pleno de la Sala Superior del TFJA desestimó el argumento y confirmó la indemnización calculada por la ASF.

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