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En punto de las 13:00 horas, autoridades de la Secretaría de Gobernación llegaron a la Cámara de Diputados para ratificar la solicitud de juicio político contra el juez Rodrigo de la Peza López, interpuesto por la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde.
El oficio fue entregado al área jurídica de San Lázaro por Omar Guadalupe Gutiérrez Lozano, titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos de Segob.
En la petición se acusa a De la Peza López de violar la Constitución y se pide su inhabilitación luego de que el juzgador fijó un plazo de 24 horas a la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Mónica Soto, para que proponga a los dos magistrados electorales que faltan en la Sala Superior.
Ante ello, el TEPJF dijo que no acatará la orden del titular de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, determinación que respaldó la titular de la Segob.
Al respecto, este martes el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, respaldó la decisión de la secretaria de Gobernación, Luisa Alcalde, de solicitar juicio político contra el juez por lo que considera una clara violación constitucional. “Se les olvida que están para garantizar la ley y la justicia, no para servir a los intereses de unos cuantos”, dijo en una publicación a través de la red social X.
El dirigente nacional del partido guinda criticó la actuación de los jueces que, según él, favorecen los intereses de la derecha y exceden sus competencias.
“Los jueces al servicio de la derecha siguen actuando de manera facciosa, incluso excediendo sus competencias”, afirmó .
“¿Cómo es posible que un juez de Distrito le ordene al Tribunal Electoral nombrar a dos magistrados en menos de 24 horas? En verdad que su desvergüenza no tiene límite”, escribió.
El líder guinda aseguró que este caso es “uno de tantos ejemplos más de por qué es necesario llevar a cabo el plan C”, mismo que conlleva un paquete de reformas.
Una vez ratificado el escrito, la Oficialía Mayor de la Cámara de Diputados lo turnará a la Subcomisión de Examen Previo de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia de la Cámara Baja.
La Subcomisión de Examen Previo procederá, en un plazo no mayor a 30 días hábiles, a determinar si el denunciado cometió un agravio y si la denuncia contiene los elementos de prueba que lo justifiquen.
Si la subcomisión declara improcedente la denuncia, ésta se desechará, pero si la declara procedente iniciará un proceso de desahogo de pruebas que concluirá con un juicio en el interior del pleno de la Cámara de Diputados.
