Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República, exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a no eliminar la prisión preventiva oficiosa, pues esa decisión podría “ir en perjuicio de la sociedad”, además de advertir que este no es el momento político ni social para abordar el tema.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el expresidente del Senado pide a los ministros de la Corte “ajustarse” a la reforma constitucional de 2019, que amplió el catálogo de delitos graves, para enfrentar la situación de inseguridad que padece el país.

Resalta que esa reforma incluyó un artículo transitorio que establece un plazo de cinco años para volver a revisar la ley.

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“Yo creo que la Suprema Corte debe esperar a que el Legislativo asuma esa responsabilidad que le confiere la ley y esperar el término que le pedimos a los legisladores de los grupos parlamentarios para hacer un nuevo análisis. Yo convoco a la Suprema Corte a que nos ajustemos a la reforma constitucional, y una vez que transcurra el tiempo hagamos una valoración. Ahorita quitarla puede ir en perjuicio de la sociedad”, alerta.

Eduardo Ramírez puntualiza que una vez que haya transcurrido ese periodo de cinco años, “en la evaluación que derivó de la creación de la Guardia Nacional y de la estrategia de seguridad”, se volvería a discutir, “pero eso ya será un asunto sin duda de la siguiente Legislatura”, remarca.

Recuerda que debido a la situación que vivía el país en 2019, a inicios de este sexenio, el tema dentro de la discusión de la prisión preventiva oficiosa eran tres delitos: el robo de hidrocarburos, conocido popularmente como “huachicoleo”, la corrupción y los delitos electorales, pero se incorporaron al catálogo otros delitos para combatir mejor a la delincuencia organizada.

Dice que en la discusión que se está llevando en la Corte, habría que hacer algunas valoraciones de carácter técnico, y recalca que cuando se dio el debate sobre prisión preventiva, algunos legisladores de oposición expresaron que la reforma significaba violar el principio de la presunción de inocencia y que ampliar el catálogo, lo único que iba a tener como consecuencia era regresar al anterior sistema penal.

En este sentido, reconoce que “en términos estrictamente jurídicos debe prevalecer el principio de prevención de inocencia”, que estipula que nadie es culpable hasta que se le demuestre.

“Una vez que está el principio de presunción de inocencia, nadie es culpable, nadie puede ser privado de su libertad sino mediante un juicio seguido ante los tribunales. Si nos ajustamos a derecho, la prisión preventiva oficiosa debería quitarse”. Sin embargo, subraya qué hay que tomar en cuenta las condiciones de seguridad que vive el país, “y que nos obligó en 2019 a ampliar el catálogo de delitos graves ”.

El expresidente del Senado enfatiza que desincorporar ahora todos los delitos y quitar la prisión preventiva oficiosa será un reclamo muy alto que harán los ciudadanos.

“Entiendo la parte constitucional, el respeto a los derechos humanos, violar el principio de presunción de inocencia, pero me gustaría que nos esperáramos los cinco años que el Poder Legislativo dio para valorar si seguían o no los delitos dentro de nuestra Constitución en materia de prisión preventiva oficiosa. Si ellos (los ministros de la SCJN) lo adelantan, creo que no es el momento ni político ni social para una discusión de naturaleza estrictamente jurídica”, sostiene.

“El plazo termina en el 2024, ojalá (se respete), y apelo a la consideración, ya que hay una gran exigencia ciudadana de que los delitos no queden impunes. En caso de eliminar la prisión preventiva oficiosa estamos dando la posibilidad de que quien enfrenta un proceso penal pueda sustraerse de la acción de la justicia, y lo que es peor, volver a regresar al robo del “huachicol” que se da en bastantes estados de nuestro país”, recalca.

Eduardo Ramírez Aguilar reconoce que la SCJN sí tiene facultades para eliminar la prisión preventiva oficiosa a través de una declaratoria de inconstitucionalidad, por lo que insiste en que es necesario respetar el artículo transitorio que se estableció en la reforma de 2019, o en su defecto hacer una valoración social de las repercusiones que tendría ordenar la “inaplicación” del artículo 19 constitucional.

“Yo creo que la Corte tiene una facultad de interpretar la ley, de interpretar la Constitución. Ojalá y puedan valorar la exposición de motivos, el por qué debe prevalecer aún esta figura. De no hacerlo ellos estarían tomando una decisión dentro de sus facultades”, admite.

No obstante, también advierte que podría ocurrir lo mismo que sucedió en el tema del cannabis, cuyo uso recreativo ya no está dentro de la tipificación de los delitos, pero no se ha legislado, es decir, “tenemos una contradicción, la Corte puede emitir resoluciones jurisdiccionales y el Legislativo está en su derecho si legisla o no en este momento”.

El senador por Chiapas puntualiza que si la SCJN decide en contra de la prisión preventiva oficiosa, fijará un criterio que los jueces de control tendrán que tomar en cuenta. “Este criterio va a dar la puerta y la salida a muchos delincuentes que hacen una vida de atropellos y de excesos hacia los ciudadanos. Es muy delicada la discusión de la prisión preventiva oficiosa, que puede generar la Corte un criterio y determinar en una resolución, tiene todas las facultades, pero repito, habría que hacer una valoración más social”, expresa.

Ramírez Aguilar insiste en defender el proceso legislativo que dio como resultado la reforma que amplió el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, aunque reconoció que puede haber un abuso en la utilización de esta figura, incluso con motivaciones políticas.

“Yo no descarto eso, sin duda habrán jueces que se presten a la manipulación de los ejecutivos estatales o en su caso del ejecutivo federal. Sin embargo, el espíritu de la reforma no es un instrumento para mandar a la cárcel a los adversarios políticos. El objetivo es frenar el alto índice de delincuencia en los diferentes delitos que están tipificados en la Constitución como graves y que dan origen a la prisión preventiva oficiosa. Yo no descarto y no digo que no usen esta figura, seguramente la usan, pero yo estoy yéndome a la parte de la sociedad. Con la sociedad tenemos que entregar resultados y sí le pediría a la Corte que pasados los cinco años nos sentemos y resolvamos”.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado sostiene que la delincuencia organizada ha ganado mucho terreno, “y si ellos (los ministros de la SCJN) declaran que es inconstitucional o en su defecto la anulación de la prisión preventiva oficiosa, volverán a dispararse los delitos del “huachicol” y de asalto en las vías de comunicación, que en lo particular han disminuido significativamente”.

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