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Este martes, un juez federal notificó que revocó una de las suspensiones que mantienen paralizada la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía ; sin embargo, esto no significa que el
Gobierno federal ya pueda ejecutar la obra desde hoy mismo pues subsisten otras suspensiones, entonces ¿qué significa lo resuelto por el juzgador?
Desde junio pasado, el colectivo #NoMásDerroches presentó 147 amparos contra el Aeropuerto de Santa Lucía cuyas suspensiones concedidas por los jueces han evitado que el Gobierno federal inicie su construcción.
A estos amparos se sumaron, desde septiembre pasado, 10 más tramitados por integrantes de pueblos originarios de Tecámac, Estado de México.
De los amparos tramitados por #NoMásDerroches, en los que el colectivo utilizó diferentes argumentos tales como la falta de permisos en materia ambiental, estudios en aeronáutica, falta de garantías a la seguridad e integridad de pilotos y usuarios, y hasta cuestiones relacionadas con la tarifa de uso aeroportuario, 140 están en trámite.
EL UNIVERSAL informó que como parte de la estrategia legal del colectivo no fueron solicitadas suspensiones en todos los amparos.
Ante la gran cantidad de amparos radicados en distintos juzgados de la República Mexicana, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ordenó desde julio pasado concentrar todos los
expedientes en el juzgado Quinto de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México, esto para para evitar sentencias contradictorias.
Ante la concesión de algunas suspensiones, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) recibió una contradicción de tesis con la que se pretendía que los ministros definieran si es posible frenar obras públicas mediante amparos.
La semana pasada, la SCJN determinó que no existe la contradicción planteada y omitió pronunciarse sobre el fondo del asunto.
En septiembre pasado, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tramitó dos incidentes de revocación en los que pidió al juez Quinto dejar sin efecto las suspensiones definitivas concedidas en dos de los amparos.
La Sedena argumentó que desde el 29 de agosto, el Consejo Nacional de Seguridad incluyó todos sus bienes, incluido el proyecto del aeropuerto mixto civil/militar, en el listado de instalaciones estratégicas por lo que las suspensiones implicaban que los militares no pudieran operar normalmente en la Base Aérea de Santa Lucía y que esto incluía un riesgo para la seguridad nacional.
Hace dos semanas, en uno de los amparos tramitados por pobladores indígenas que alegan la falta de consulta pública para construir el aeropuerto, el juez Quinto negó la suspensión provisional tomando en consideración el alegato de la Sedena sobre las instalaciones estratégicas.
Este martes, el juez Quinto de Distrito resolvió uno de los incidentes de revocación en el que reiteró su criterio y concedió la razón a la Sedena, por lo que ordenó revocar la suspensión definitiva que anteriormente había concedido.
Los quejosos aún pueden impugnar esta resolución ante un tribunal colegiado.
A cuatro meses de la concesión de las primeras suspensiones, subsisten siete definitivas y en los amparos tramitados por pueblos indígenas están en trámite diversos recursos de queja ante la negativa del juez a conceder las medidas.
Sin embargo, hasta ahora el Décimo Tribunal Colegiado en materia Administrativa ha negado, en algunas de esas quejas, la suspensión bajo el argumento de que los permisos otorgados en materia ambiental no implican un riesgo.
En consecuencia, el Gobierno federal no puede iniciar la construcción del aeropuerto de Santa Lucía porque debe tramitar los incidentes de revocación para que el juez reitere su criterio en las suspensiones que quedan vigentes y que se agoten los medios de impugnación con los que cuentan los quejosos.
