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La iniciativa que busca acotar las atribuciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), reforma los artículos 41, 73, 99 y 105 de la Constitución.
Entre los puntos más destacados, faculta expresamente al Poder Legislativo Federal para adoptar acciones afirmativas en materia electoral, y prohíbe al Tribunal emitir sentencias en materia de paridad de género y acciones afirmativas.
Establece que en caso de controversias sobre esos temas, será la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la autoridad encargada de resolver.
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De igual forma se busca vincular a los partidos políticos para establecer en sus respectivos documentos internos, las reglas para garantizar la paridad de género en la conformación de sus órganos partidistas. Es decir, que los partidos son los que fijarán la forma en la que cumplen con los preceptos constitucionales, mientras que el Tribunal ya no podrá pronunciarse y deberá respetar lo que digan los partidos en sus documentos básicos.
También prohíbe emitir sentencias en torno a decisiones de los órganos de la Cámara de Diputados sobre la integración del Congreso, es decir, que el Tribunal ya no podrá favorecer a minorías para que sean parte de la Comisión de la Permanente, como ocurrió recientemente con Movimiento Ciudadano.
¿Quién impulsó la reforma al TEPJF?
La reforma que busca acotar las facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) fue impulsada por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, con la firma de 6 coordinadores parlamentarios.
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La propuesta, que entre otras cosas plantea prohibir al Tribunal emitir sentencias en materia de paridad de género y de acciones afirmativas, fue firmada por Ignacio Mier (Morena), Carlos Puente (PVEM), Alberto Anaya (PT), Rubén Moreira (PRI), Jorge Romero (PAN) y Luis Espinoza Cházaro (PRD). Solo Jorge Álvarez Máynez, de MC, rechazó el proyecto.
La iniciativa ha sido ampliamente criticada porque presuntamente coarta los derechos de las mujeres y de otros grupos vulnerables. Hasta este momento, permanece atorada, pues aunque la mayoría de los líderes parlamentarios están de acuerdo, las diputadas federales se han manifestado en contra.
Para aprobar dicha reforma constitucional, se requieren al menos 333 de 500 votos, sin embargo, el sector femenino cuenta con 250 votos, motivo por el que el proyecto no pasaría sino se cumplen con las exigencias de las diputadas, quienes exigen que se elimine el apartado antes mencionado.
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