El año de 2023, lo estrenamos con el nombramiento de una nueva Ministra Presidenta. Norma Piña es la segunda persona en encabezar la Suprema Corte en lo que va del mandato del presidente López Obrador e inevitablemente, resaltan las diferencias de actitud y relación entre los poderes Ejecutivo y Judicial. Con el ministro Arturo Zaldívar, percibimos una presidencia en que la Corte actuaba en colaboración con el poder Ejecutivo, que se mostraba como aliada del presidente y cuyo mandato incluso fue extendido por Morena, el partido del presidente mismo. Ahora, transitamos a la presidencia de Norma Piña, que se ha caracterizado por ser distante a la agenda del presidente y resaltar la función de contrapeso que tiene el poder Judicial.
El poder Judicial es el encargado de la impartición de justicia, de resolver los conflictos que surgen en la sociedad mediante la interpretación de las leyes. Por lo tanto, es vital que actúe con independencia, pues nos representa a todos y a nadie al mismo tiempo. En este sentido, el rumbo que la presidenta Piña ha marcado tanto para la Corte como el Consejo de la Judicatura Federal, ha sido de extrema cautela de la independencia judicial y cabal desempeño de su labor de equilibrio y contrapeso.
Estas posturas, no son capricho personal de nuestros juzgadores y frente a esta relación de alta tensión entre los dos poderes, vale preguntarnos: ¿qué tan dispuestos habíamos estado como país, a desempeñarnos como un verdadero Estado democrático de Derecho y a ser fieles a los principios constitucionales establecidos para nuestra Nación?
Desde que existimos como República Mexicana, nuestra Constitución ha dispuesto que el gobierno se divida para su ejercicio en tres poderes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Esto es lo que conocemos como la “división de poderes” y su finalidad es distribuir las funciones y atribuciones del Estado entre las instituciones, establecer límites a las mismas y desarrollar una relación de pesos y contrapesos entre los tres poderes, de manera que puedan equilibrarse y controlarse entre sí. Sobre todo, la división de poderes es un candado que nos hemos autoimpuesto para protegernos de una amenaza constante, cruel y bestial: la tiranía.
El Poder Judicial está tomando su lugar como contrapeso en este sexenio y ha reivindicado su misión de evitar a toda costa, la concentración del poder. Para recordar lo que pasa cuando el Ejecutivo se come al Legislativo sin que el Judicial le haga frente, sólo hay que voltear un poco hacia atrás: que en nuestra memoria colectiva resuenen los ecos de las luchas por la democracia y el derecho al voto; no olvidemos lo que nos costó liberarnos de las dictaduras y los abusos de poder que, como mexicanos, parecemos estar naturalmente propicios a soportar. A una “4T” que asegura ser tan distinta a la tiranía invisible del PRI, parece que el poder le ha hecho olvidar el importantísimo papel y fuerza que el Poder Judicial debe acatar. Recordemos que un Poder Judicial que le es molesto al Poder Ejecutivo es señal de un Estado sano: para que ningún mandatario se vuelva a sentir con la libertad y comodidad de actuar como tirano.
Abogado