Esta mañana la jueza de Veracruz, Angélica Sánchez Hernández, fue detenida en la Ciudad de México, por elementos de la Guardia Nacional, a petición de la Fiscalía General de Veracruz, que la acusa de los delitos contra la fe pública y tráfico de influencias.
De acuerdo con el abogado Leonardo Vázquez, el delito contra la fe pública consiste en la mala utilización de las dependencias gubernamentales para obtener un trámite alterando identidad o hacer que ver qué algo pasó.
“Por ejemplo, la falsificación de la identidad de una persona, que una persona declare ante una dependencia que un familiar ya falleció cuando no es cierto, y si se declara ante un notario que quieren que lleven in juicio testamentario y que solo existe un heredero y en realidad hay varios y abusan para que a través de la fe pública se obtenga algún beneficio. Ya sea económico o afectación de algún derecho a terceros”, explicó.
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En su artículo 280, el Código Penal de Veracruz establece una pena de 3 a 9 años de prisión y una multa hasta de quinientos días de salario a quien falsifique títulos o documentos para el pago de bienes y servicios o para disposición en efectivo.
En tanto, el artículo 281 refiere una pena de 1 a 5 años de prisión y multa hasta de 50 días de salario a quien “mediante engaño o aprovechándose del estado de la víctima, la hiciere firmar un documento público o privado que no habría firmado de conocer su contenido o de hallarse en pleno uso de sus facultades mentales”.
“A los fedatarios públicos que, en ejercicio de sus funciones, expidan una certificación de hechos que no sean ciertos o den fe de lo que no les conste”.
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“A quien para eximirse de una obligación impuesta por la ley utilice un certificado médico de enfermedad o impedimento que no padece”.
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