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Organizaciones no gubernamentales conformadas por comunidades indígenas y defensores de la tierra denunciaron que, en los últimos años, el territorio maya en Yucatán fue objeto de extractivismo, incremento del control de territorios por parte del crimen organizado y contaminación debido a que el Estado permitió el asentamiento de megaproyectos como el Tren Maya y obras del sector privado.
Así lo señalaron en conferencia de prensa donde retomaron el informe Extractivismo en la Península de Yucatán: Vulneración Sistemática de los Derechos Humanos, documento en el que 10 ONG detallan violaciones a los derechos humanos de pueblos originarios mayas entre las que se encuentran el crecimiento exponencial de personas asesinadas, penetración de criminales en instituciones locales, imposición de proyectos que amenazan a la ecología, opacidad gubernamental y criminalización y violencia contra activistas.
“Es común el despojo de tierras de propiedad social por gobiernos y empresarios para establecer proyectos agroindustriales, turísticos, inmobiliarios y energéticos. La explotación de maderas preciosas y el cambio de uso del suelo han causado una extensa deforestación y una gran pérdida de biodiversidad. En los cuerpos de agua es grave la contaminación, en particular por descargas de aguas residuales.
“En los cultivos agroindustriales se aplican enormes cantidades de fertilizantes y plaguicidas que dañan el ambiente y la salud. El deterioro y el despojo de sus territorios tiene consecuencias funestas en las comunidades, que van desde el abandono de la vida tradicional y digna hasta la pérdida de los territorios y de la identidad maya”, explicaron las organizaciones en el documento.
El informe Extractivismo en la Península de Yucatán abunda en que la militarización de las regiones por dónde cruza el Tren Maya desembocó en “en el incremento exponencial de las personas asesinadas y desaparecidas, el aumento del consumo de las drogas, la mayor penetración del crimen en las instituciones estatales y la multiplicación de las violaciones a los derechos humanos”.
Por otro lado, la negativa de los gobiernos locales y federal de frenar la expansión de granjas porcícolas ha facilitado la deforestación de la selva y la contaminación de cuerpos de agua.
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Ante este escenario, llamaron a la nueva administración a reconocer como sujetos de derecho a los pueblos y las comunidades indígenas de México; adecuar las normativas socioambientales del país a los estándares del Acuerdo de Escazú; abstenerse de planear, construir y operar proyectos en los territorios de las comunidades indígenas de la península de Yucatán si no cuenta con el consentimiento previo de éstas y desarrollar mecanismos eficaces para garantizar el pleno acceso a la justicia, la reparación de los daños y la no repetición de las vulneraciones de los derechos humanos.
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