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El Diario Oficial de la Federación publicó varios de los decretos aprobados por el Congreso de la Unión respecto a las reformas prioritarias para el Ejecutivo, entre ellas las que otorgan al Ejército por tiempo indefinido el control del Tren Maya, la que establece la seguridad del espacio Aéreo por parte de las Fuerzas Armadas y la que combate el tráfico de fentanilo.
Una vez concluido el proceso legislativo, se promulgó la reforma al artículo Tercero de la Ley de Vías de Comunicación. El decreto adiciona un segundo párrafo al artículo 10 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario y un artículo 59 Bis a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
De esta manera, la empresa perteneciente al Ejército Mexicano, Grupo Aeroportuario, Ferroviario y de Servicios Auxiliares Olmeca-Maya-Mexica S.A. de C.V., tendrá el control total del Tren Maya.
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“El título de asignación a favor de entidades paraestatales tendrá una vigencia indefinida. Una vez otorgada dicha asignación, no podrán cederse o transferirse bajo ningún título; sólo podrá concluir cuando se acredite fehacientemente que no existe utilidad o intereses públicos”, establece el decreto.
Por otra parte, se publicó el decreto por el que se reforman, adicional y derogan diversos artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley Orgánica del Ejército y a fuerza Aérea Mexicanos, de la Ley de Aeropuertos y de la Ley de Aviación Civil, en materia de Protección del Espacio Aéreo Mexicano, que establece que las Fuerzas Armadas podrán implementar acciones para garantizar que las operaciones aéreas en el territorio nacional no se realicen con fines ilícitos o atenten contra la seguridad nacional.
Además, también se autoriza que la paraestatal controlada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) pueda administrar aeropuertos y una Aerolínea de próxima creación, denominada Aerolínea del Bienestar.
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Se publicó además el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos y de la Ley General de Turismo, Que establece que el Tren Maya recibirá el 80 por ciento de los recursos que se obtengan por el pago de derechos de visitantes extranjeros, los cuales hasta ahora eran manejados por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).
También se publica la reforma para el control de precursores químicos, conocida como “Ley antifentanilo”.
Se trata del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, Productos Químicos Esenciales y Máquina para Elaborar Cápsulas, Tabletas y/o Comprimidos.
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A través de la coordinación interinstitucional se buscará prevenir, detectar y evitar el desvío o uso de precursores químicos, productos químicos esenciales y máquinas para elaborar cápsulas, tabletas o comprimidos, para la producción de drogas sintéticas.
Indica que la Sedena, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Guardia Nacional (GN), coadyuvarán en esta tarea.
“Se prohíbe la importación o exportación de estas sustancias por vía postal, mensajería o paquetería”.
En torno a los delitos sobre este tema, establece que a la persona que desvíe o haga uso de precursores químicos o químicos esenciales para la producción de drogas sintéticas, se le impondrá pena de 10 a 15 años de prisión y multa equivalente al 10 por ciento de los ingresos obtenidos por dichas actividades.
A la persona que tenga en posesión precursores químicos, productos químicos esenciales o máquinas para elaborar cápsulas, tabletas, o comprimidos en territorio nacional, que no cuente con las autorizaciones o permisos, se le impondrá pena de 7 a 10 años de prisión y multa de mil a 5 mil el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Otra de las reformas promulgadas es la de la Ley General de Bienes Nacionales, cuyo objetivo es cumplir con el mandato constitucional de administrar los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, con la finalidad de fortalecer a la Administración Pública Federal en la provisión de servicios otorgados por el Estado, en los que deberá prevalecer el interés público y la seguridad nacional.
De acuerdo con la iniciativa aprobada en el Congreso, se busca fortalecer la rectoría de la nación y en consecuencia la capacidad de actuación de sus dependencias, con el fin de evitar grandes pérdidas en la venta de inmuebles propiedad del Estado. Los decretos entraron en vigor este jueves.
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