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Para fortalecer la defensa de derechos de los consumidores mexicanos en materia de acceso a la tecnología, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) propuso reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para que las concesionarias ofrezcan acceso a la red de Quinta Generación de telefonía móvil (5G) sin condiciones de contrato.
La senadora Geovanna Bañuelos, coordinadora del PT y el senador Miguel Ángel Lucero Olivas explicó que el objetivo es evitar que los usuarios de telefonía móvil sean discriminados por parte de las concesionarias en el uso y acceso a la red 5G.
Por ello, proponen prohibir a los proveedores del servicio de telefonía que obliguen a los usuarios del servicio a contratar planes especiales para poder acceder a esta tecnología.
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Señaló que de acuerdo con la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, el espectro radioeléctrico es propiedad de la nación, por lo que es un bien de utilidad pública.
En este sentido, aseguró que las autoridades mexicanas no pueden permitir que dos de las principales concesionarias de servicios de telefonía celular del país, AT&T y Telcel, condicionen el acceso a la red 5G sólo mediante la contratación de un plan de pospago.
“Las operadoras discriminan abiertamente a las personas que utilizan planes de prepago al no permitirles acceso a la red 5G”, advirtió el legislador.
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Miguel Ángel Lucero informó que de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) en el 2020, el 72.0% de la población mexicana, es decir 84.1 millones de personas usó internet; de los cuales el 96% de las y los usuarios de internet utilizó un smartphone como equipo más frecuente para conectarse a internet.
En este sentido, dijo, las autoridades mexicanas deben garantizar que los proveedores de telefonía móvil no hagan distinciones entre los distintos tipos de usuarios con base en la forma en la que realizan los pagos de su servicio, prepago o pospago, así como no realizar cobros adicionales o crear planes de pago especiales para acceder a las redes de telecomunicaciones de última generación.
“Las autoridades mexicanas no pueden permitir las arbitrariedades cometidas por las concesionarias”, aseveró.
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