El grupo parlamentario del PT en la Cámara de Diputados encontró que el artículo sexto transitorio de la Ley General del Servicio Profesional Docente permite que el ingreso, promoción y reconocimiento de las plazas docentes queden bajo las disposiciones que tenía la ley antes de la reforma educativa de 2013, es decir, se regulen por el apartado B del artículo 123 de la Constitución, lo que otorgaría al magisterio 50% del control de las mismas.
Reginaldo Sandoval Flores
, coordinador de la fracción, aseguró en conferencia que la solicitud de retomar lo que dispone el sexto transitorio de la ley, que regula las evaluaciones docentes con la reforma impulsada el sexenio pasado, sería con el fin de que los docentes cesados sean restituidos en sus puestos.
El sexto transitorio de la Ley del Servicio Profesional Docente establece que “en tanto se tienen debidamente implementados y en operación los concursos y los procesos de evaluación […] se estará a lo previsto en las disposiciones aplicables hasta antes de la publicación” de esa norma.
En conferencia, Sandoval Flores dijo que los motivos por los que la ley no determinó “debidamente” los criterios para los procesos de evaluación y concursos de ingreso, los expuso la bancada del PT en un punto de acuerdo que presentó el 20 de marzo pasado, y que no se ha tomado en San Lázaro para ser aprobado.
De acuerdo con el documento presentado en esa fecha, una semana antes de que se avalara el dictamen de la reforma educativa enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la ley reglamentaria de las evaluaciones “es deficiente e incompleta”, ya que “solo señala las consecuencias de la evaluación y el proceso, pero no establece el mecanismo ni los criterios para la selección de docentes ”.
Además, según lo señala el PT en el acuerdo, “no se advierte el derecho del sustentante a solicitar la revisión del resultado de la evaluación en caso de ser calificado como ‘no idóneo’ o ‘insuficiente’”. Lo que puede ser considerado como la “vulneración de un derecho humano de acceso a la justicia”.
El PT advierte en ese y otro punto de acuerdo, publicado en la gaceta parlamentaria el 12 de febrero de este año, que su interpretación de la ley ya aplicable se sustenta en la facultad del Poder Legislativo para poder analizar las leyes, descrita en el artículo 72 de la Constitución, “sin la finalidad de derogar o abrogarlas, sino con el de darle sentido a las mismas”.
Sandoval Flores estuvo acompañado de docentes que fueron cesados luego de las evaluaciones aplicadas por el gobierno federal pasado, quienes celebraron que “se haya encontrado una justificación jurídica para materializar un actor de justicia”.
También pidieron que en la reforma educativa se contenga el carácter científico de la educación, acotar las funciones del nuevo organismo que sustituya al Instituto Nacional de Evaluación para la Educación (INEE) y se asegure el pase automático de las normales a una plaza docente.
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