El grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados arrancó con la presentación de su propia agenda legislativa, que será independiente a la de Morena, y el próximo lunes enlistará una iniciativa que propone crear la Ley General de Educación Superior.
En un documento de trabajo, del cual EL UNIVERSAL posee copia, el grupo parlamentario del PT busca que esta ley sea reglamentaria al artículo tercero de la Constitución y que, en el nuevo proyecto de nación, el objetivo sea construir una sociedad justa y democrática para acabar con la exclusión y marginación de las personas en situación de vulnerabilidad y desventaja social.
Uno de los puntos más destacables de esta propuesta es que busca separar la educación superior pública de la privada, es decir, establece obligaciones y responsabilidades en ambos sectores.
También, con el objetivo de cubrir los pasivos laborales existentes, el financiamiento de las Universidades e Instituciones de Educación Superior públicas cubrirá el total de plazas docentes , académicas, de investigación, de maestras y maestros, necesarias para una matrícula y oferta académica en expansión.
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El PT
describe que ésta separación entre las instituciones públicas y privadas, debe dejar en claro que el único servicios que es público es el que proporcionan las Instituciones de Educación Superior, pues las privadas “imparten un servicio privado y excluyente”.
En el documento, el coordinador del PT, Reginaldo Sandoval, describe que en el modelo educativo neoliberal de tipo superior, la educación se vislumbra como un instrumento de reproducción del sistema imperante capitalista, dando como resultado una sociedad excluyente, desigual, consumista y depredadora.
“Nuestro Sistema Nacional de Educación Superior se contagió de motivaciones corporativas y mercantiles, ligadas a intereses de producción y acumulación del capital. Grandes empresas y organismos internacionales transformaron a las Universidades e Instituciones de Educación Superior en “fábricas del conocimiento”, desarrollando una versión de “capitalismo cognitivo”, describe una de las diapositivas petistas.
Además, agrega que el acelerado proceso de privatización y mercantilización de la educación superior, la convirtió en un “bien privado” para el consumo de élites privilegiadas y, por lo tanto, una prerrogativa de la que muy pocos pueden disfrutar.
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“Se blinda el servicio social, para evitar que las y los jóvenes sean utilizados en empresas, para enriquecer a los dueños. En cambio, se propone un servicio social, que reconozca su formación y que les permita adquirir experiencia, que sea retribuido y que nunca ponga en peligro la dignidad e integridad de las y los pasantes”, define.
Busca acabar con el negocio de las universidades “patito” y de las grandes empresas universitarias y pretende que éstas instituciones contemplen los principios, valores y funciones sustantivas. La iniciativa regula la expedición de reconocimientos de validez oficial, evitando la proliferación de instituciones ilegales que no cumplen con los requisitos oficiales.
Se hace la separación entre los fines, objetivos y responsabilidades estatales en relación con la educación superior pública y la educación superior privada. Se establece una cláusula de no discriminación y se incluyó la estrategia para prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres en las Universidades e Instituciones de Educación Superior.
La iniciativa también contiene la estrategia para prevenir, atender y erradicar la discriminación contra las personas con discapacidad en las Universidades e Instituciones de Educación Superior y el otorgamiento de becas escolares para alumnos en situación de desventaja y vulnerabilidad.
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