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El proyecto sobre la regulación de la marihuana en México, que es discutido en el Senado, criminaliza a los consumidores, limita el consumo de la yerba, beneficia a empresas privadas, impone sanciones excesivas y no ayudará a terminar con la violencia en México, además de no abona al crecimiento del campo, señalaron especialistas.
A pesar de todas estas fallas, los expertos opinaron que el Congreso debe legislar ya en esta materia porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio tres prórrogas para cumplir esto y el 30 de abril se vence la fecha.
Además de los especialistas, algunos senadores han reconocido que el proyecto que recibieron de la Cámara de Diputados hace un mes incurre en violaciones a derechos humanos y podría ser inconstitucional, pero aun así hay quienes se han pronunciado por aprobar el dictamen para después enmendar los errores con reformas, mientras otros han puesto sobre la mesa la opción de pedir más tiempo a la SCJN.
México Unido contra la Delincuencia (MUCD), una asociación civil que ha seguido de cerca la regulación de la marihuana, realizó un análisis y advirtió que el proyecto por el que se expide la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, y reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, tiene por lo menos 17 artículos y un transitorio donde se vulneran los derechos humanos y deben ser corregidos.
“El proyecto en general no responde con la orden inicial que dio la SCJN, sigue contemplando penas relacionadas con cárcel, existen multas exorbitantes para la posesión simple de cannabis y eso es algo contradictorio, porque, por un lado, estás creando un mercado regulado, y por el otro, estás penalizando el mismo mercado”, señaló en entrevista Víctor Gutiérrez, director de Litigio de MUCD.
Agregó que uno de los errores más graves es la eliminación del Instituto Mexicano para la Regulación y Control del Cannabis —que había sido propuesto del Senado y fue descartado por la Cámara de Diputados— y ahora esas funciones las debería tomar la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic), que no tiene experiencia en este rubro.
Sobre la posibilidad de que se apruebe el proyecto como está o se alargue el plazo para legislar, Gutiérrez Muñoz aseveró: “Hay que regular ya y hay que regular bien, porque esta es una norma que se lleva trabajando dos años, no de hace un mes, y viene de tres prórrogas que ya se solicitaron a la Suprema Corte, así que no es pretexto que ya no haya tiempo”.
