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Entre protestas y el anuncio de que medio centenar de diputados están contagiados de Covid-19, arrancó el segundo periodo de sesiones ordinarias del Congreso de la Unión, correspondiente al primer año de ejercicio de la 65 Legislatura.
En la seisón de instalación, mientras el presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro, el diputado Sergio Gutiérrez Luna, declaraba formalmente instalados los trabajos, los diputados y senadores de Movimiento Ciudadano se manifestaron frente a la tribuna para exigir la liberación de José Manuel del Río, secretario técnico de la Jucopo del Senado, detenido en Veracruz.
Lo hicieron mostrando pancartas con la leyenda “José Manuel del Río, preso político”, lo que fue calificado por el diputado del Partido del Trabajo (PT) Gerardo Fernández Noroña, como una falta de respeto a los símbolos patrios, toda vez que la protesta de la bancada naranja se realizó mientras se entonaba el Himno Nacional.
“Es incorrecto y no hace honor a tan importante sesión de Consejo General”, dijo.
En paralelo, afuera del salón de plenos, las diputadas de Morena María Clemente y Salma Luévano encabezaron una manifestación para exigir la renuncia de Gabriel Quadri por sus comentarios transfóbicos. Las inconformes pidieron el desafuero del panista y recordaron que ya existen diversas denuncias penales en su contra.
Ya en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, el primer asunto del día, tras la instalación, fue la ratificación de Juan Pablo de Botton como subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda. Se aprobó en una sesión exprés de apenas 12 minutos, pues en el interior del recinto se reveló que hay 50 diputados contagiados de Covid-19, pero la ley para nombramientos establece que esas sesiones deben ser presenciales.
De Botton, quien se comprometió a manejar responsablemente las finanzas públicas y a ejercer el gasto de manera ordenada, fue avalado en el cargo con 348 votos a favor por parte de Morena, PT, PVEM, PRI, PRD y MC; hubo 97 sufragios en contra por parte del PAN.
Tras la ratificación, en el atareado primer día de trabajo de los diputados en 2022, se cerró la sesión y se convocó de inmediato a una segunda de manera semipresencial, para evitar la propagación del virus.
Entre los temas más relevantes que se avalaron destacó una iniciativa que ordena a la Federación, estados y municipios destinar más recursos a la creación y fortalecimiento de los refugios para mujeres víctimas de la violencia.
Las modificaciones a la Ley General para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se aprobaron con 476 votos a favor por parte de todos los grupos parlamentarios.
“La Federación, las entidades federativas, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y los municipios deberán instrumentar las medidas presupuestales y administrativas necesarias para garantizar la asignación ágil y oportuna de recursos suficientes para la creación, operación y fortalecimiento de los refugios para las víctimas”, señala el dictamen.
De acuerdo con la diputada Nayeli Fernández (PVEM), promovente de la iniciativa, en México existen más de 31 millones de mujeres mayores de 15 años quienes han sufrido algún tipo de violencia, es decir, más de 60% de las 46 millones que habitan el territorio nacional.
También se aprobó un dictamen para establecer que el servicio social será reconocido como experiencia profesional.
El documento, que se avaló por unanimidad de 473 votos, modifica el artículo 53 de la ley reglamentaria del artículo quinto constitucional, a fin de establecer que “el servicio social deberá ser reconocido como parte de la experiencia profesional”.
Al presentar la iniciativa, la diputada panista Cecilia Patrón aseguró que la propuesta de reforma permitirá a jóvenes contar con más oportunidades.
