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En México, las protestas del movimiento feminista cobraron mayor visibilidad en agosto de 2019, por ser éste un punto de inflexión al sumar a la manifestación pintas y quemas en el espacio público.
En 2020 continuaron las denuncias contra la violencia institucional, el feminicidio y la petición por los derechos reproductivos.
Para 2021 sus representantes buscan continuar impulsando la agenda feminista y exigen una despenalización del aborto en toda la República Mexicana.
“Las manifestaciones feministas no son lo que eran antes, son más disyuntivas y se tiende más a tener una reacción policiaca. Lo que nos preocupaba es que siguieran escalando. Las mujeres se van a seguir expresando y la policía va a seguir reprimiendo, ¿hasta dónde corremos el riesgo de llegar?, y además en el contexto de pandemia. Pensando en eso surgieron mesas de trabajo y la campaña #NoMeCuidan”, señala Sofía Jiménez Poiré.
Sofía es una feminista, activista y coordinadora de la organización Balance, quien junto con otros grupos feministas como el de Luchadoras MX desarrollaron un proyecto de respuesta rápida en el que se busca que las autoridades se hagan cargo de la violencia institucional que ejercen cuando estigmatizan, criminalizan y reprimen las protestas feministas, como cuando despliegan elementos de instituciones policiales que cometen delitos contra las mujeres.
La Ciudad de México ha sido escenario de muchas de las protestas feministas y es una de las entidades que ha mantenido diálogo con ellas.
Se han abierto mesas de trabajo luego de tener varios señalamientos y un reaccionar erróneo frente a las protestas de las mujeres. Las colectivas se han acercado a las autoridades principalmente para proteger a las manifestantes de intimidaciones o repercusiones que pudiera sufrir tras las protestas, además de darle continuidad a los casos de violencia que se denuncian.
En septiembre un grupo de feministas, colectivos de víctimas de violencia y el bloque negro tomaron las oficinas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ubicadas en el Centro Histórico, en protesta por la falta de resolución en el caso de abuso sexual de la pequeña Lya y renombraron el edificio como La Okupa, en donde se recibía a mujeres víctimas de violencia y a sus hijos.
Quienes participaron fueron intimidadas por las autoridades y denunciaron que estaban siendo perseguidas. Pocas de las integrantes iniciales aún se mantienen en las instalaciones.
Los distintos colectivos feministas de la República Mexicana coinciden en que son necesarias más formas de organización: “Nos hace falta, como movimiento, encontrar más formas de organizarnos ante la violencia del Estado. Si las manifestaciones han ido escalando en expresión en cuestión de la rabia, es precisamente por la falta de respuesta y la impunidad”, enfatiza Sofía Jiménez.
El 30 de diciembre Argentina legalizó la interrupción voluntaria del embarazo en las primeras 14 semanas. Las feministas mexicanas ven aquel logro como un propósito para México en 2021.