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La senadora Nancy Sánchez Arredondo presentó ante la Comisión Permanente una iniciativa por la que se reforman y adicionan diversos ordenamientos, para crear el Registro Nacional de Delincuentes Sexuales.
Señaló que los casos de delincuencia sexual en México son de graves consecuencias para las víctimas y la sociedad en general, pues en enero de 2023 se presentaron mil 799 reportes de ataques sexuales, lo que representa un crecimiento del 21 por ciento, respecto al mes de diciembre de 2022, cuando se registraron mil 480 casos.
“De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, en México cerca de cinco millones de mujeres mayores de 18 años sufrieron algún tipo de violencia sexual en 2021.
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Mientras que otra encuesta de 2022 señala que 70.1 por ciento de las mujeres, de 15 años y más en México, ha experimentado, al menos, una situación de violencia a lo largo de su vida”, agregó la legisladora.
Por ello, afirmó, un registro público de delincuentes sexuales, como el que propone crear, podría ayudar a las mujeres y familias a tomar decisiones más informadas sobre su propia seguridad.
Con ese instrumento, dijo, las mujeres y familias podrían verificar si dentro de su localidad, estado o municipio existen personas que ya han sido condenadas por algún tipo de delito sexual, lo que podría ayudar a reducir el riesgo de que se conviertan en víctimas de delitos sexuales y a elegir las zonas más seguras para vivir y desarrollarse.
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Adicionalmente, un registro de este tipo podría servir como una herramienta disuasoria para los delincuentes sexuales, quienes sabrán que sus nombres estarán en un registro público y que su historial delictivo estará disponible para las autoridades y el público en general.
Nancy Sánchez apuntó que la herramienta propuesta deberá cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos y las leyes nacionales aplicables, para evitar la estigmatización y discriminación de las personas registradas, y garantizar su derecho a la privacidad y protección de datos personales.
En ese sentido, mencionó el caso reciente del Registro Público de Agresores Sexuales de la Ciudad de México, donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó que este deberá ser de carácter privado y únicamente de acceso a las distintas instituciones y autoridades mexicanas encargadas de perseguir este delito.
La senadora también indicó que este tipo de registros y acciones se establecen en beneficio de la seguridad y protección de las mujeres, niñas, niños y adolescentes, y es una estrategia que se ha desarrollado y discutido por más de 30 años en distintos países.
Se busca, agregó, que la concentración de información de delincuentes sexuales se establezca con apego a la legislación y al cumplimiento de los convenios internacionales en materia de protección de datos y respeto a derechos humanos fundamentales.
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