La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) propuso que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) se encargue de designar a jueces específicos para casos de violaciones graves a derechos humanos o de gran trascendencia, así como para la separación del cargo de funcionarios sin responsabilidad para el Poder Judicial.
De acuerdo con la propuesta presentada ayer por la Corte ante senadores y que el presidente Andrés Manuel López Obrador enviará como iniciativa legislativa, el CJF tendría la facultad legal de hacer estas designaciones.
Este poder se ejerce actualmente por el Consejo de la Judicatura mediante acuerdos emitidos por el pleno, tal como ocurrió con la concentración de los amparos tramitados contra la construcción del nuevo aeropuerto de Santa Lucía o los que van contra la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos.
Sin embargo, el proyecto no establece qué criterios serán tomados en cuenta para determinar si un asunto tiene un “impacto social relevante” como para que un solo juzgado o tribunal sea el que resuelva.
Para el director del Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP), Netzaí Sandoval, esto podría dar pie a que, como ocurrió con las violaciones graves a derechos humanos, la Cámara Alta establezca los parámetros necesarios y la Suprema Corte interprete la legislación.
“Aunque el Senado establece una serie de hipótesis de qué puede entenderse por casos de impacto social, de todas formas siempre está sujeto a interpretación. El punto es que la interpretación jurisprudencial, la del Poder Judicial, va dotando de contenidos”, comentó.
Además, en la propuesta se perfila la creación de una nueva Ley de Carrera Judicial, que prevé los procesos de ingreso, permanencia, promoción y remoción de los servidores públicos del PJF.
Uno de esos procesos es la evaluación del desempeño que realizará el Consejo de la Judicatura Federal mediante acuerdos generales en los que convocará a exámenes a los funcionarios judiciales para analizar su trabajo dentro del Poder Judicial.
Entre las causales de separación de los funcionarios pertenecientes a la carrera judicial está no acreditar favorablemente las evaluaciones de desempeño, lo que conllevará a que el cargo deje de surtir efectos.
Esto implica la creación de la Escuela Federal de Formación Judicial, en la que también recibirán capacitación los integrantes y los aspirantes a integrar el IFDP, quienes también podrán ser asignados o removidos por el CJF.
De aprobarse la propuesta, Sandoval Ballesteros comentó que es posible que el equipo que trabaja para el instituto realizando esta función sea readscrito al colegio que se perfila crear.
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