El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso transferir a estados y municipios la obligación de asignar recursos para atender desastres, así como contratar seguros para cubrir los daños causados por un fenómeno natural, que antes era responsabilidad del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (Fopreden).
Dicha iniciativa fue calificada por expertos como un proyecto absurdo e inoperante, ya que los gobiernos locales no tienen la capacidad presupuestaria ni técnica para cumplir con esa asignación.
Ayer, la Cámara de Diputados recibió la iniciativa que propone expedir la Ley General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, y establece que “las entidades federativas deberán prever recursos para atender a la población en estado de emergencia, para la reconstrucción de la infraestructura pública estatal afectada por la ocurrencia de uno o más amenazas”.
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Así, a más de dos años de la extinción de ambos fondos, el titular del Ejecutivo propuso que los estados y municipios contraten seguros e instrumentos de administración y transferencia de riesgo de desastre para la cobertura de daños causados por un fenómeno natural.
“Es obligación y responsabilidad de las entidades federativas la emisión y publicación de su instrumento jurídico para la atención de la emergencia”, refiere la iniciativa.
Sin embargo, señala que las erogaciones que genere la nueva ley serán a cargo del presupuesto aprobado, y “no se autorizan ampliaciones a su presupuesto para el presente ejercicio fiscal”.
La iniciativa conserva al Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) como eje articulador de la política en la materia, pero elimina el consejo consultivo permanente de Protección Civil previsto en la ley de 2012 e incluye a los titulares de las entidades de la administración pública federal en el Consejo Nacional de Protección Civil. Finalmente, abroga la Ley General de Protección Civil publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2012.
En entrevista con EL UNIVERSAL, José Luis Luege, extitular de Conagua, Semarnat y Profepa, refirió que los seguros para proteger infraestructura federal, como presas y malecones, son muy costosos, por lo que la propuesta del Presidente es inoperante presupuestalmente.
“¿Cómo un municipio va a pagar el presupuesto, por ejemplo, del rompimiento de un dique, de un malecón? Es carísimo, y va a representar, si haces la integral, la sumatoria de los fondenes municipales, pues te va a salir mil veces el Fonden”, porque, entre otros aspectos, es “mucho más caro contratar seguros independientemente que un seguro general”, expuso.
Aseguró que delegar la contratación de seguros “es un error, es un absurdo. No tiene un municipio capacidad económica para ello. ¿Cuántos recursos les va a asignar la Cámara de Diputados a los municipios para este fondo? No tienen idea. ¿Cómo van a operar la parte técnica desde un municipio frente a una emergencia mayor? No tienen ni la más remota idea”.
Christian Carrillo, analista político, consideró que la iniciativa representa un retroceso más en la materia, que inició desde 2021, y es complicado que estados y municipios puedan solventar económicamente la responsabilidad de protección civil que propone el Ejecutivo federal.
“Al no haber Fonden y al existir un programa asistencialista del Bienestar de las Personas en Emergencia Social o Natural, que no se toca en la iniciativa, ahora pretenden que los estados prevean recursos propios para que atiendan a su población ante desastres naturales. Sólo hay que recordar que 82% de estos recursos para los estados proviene de las transferencias federales, ya sea por ramo 28 y el 33. Esto quiere decir que sólo 18% es recurso propio de cada estado”, comentó.
Explicó que el Programa para el Bienestar de las Personas en Emergencia Social o Natural desvirtúa la misión que tenía el Fonden, porque en la operación del programa la Secretaría del Bienestar es juez y parte para decidir y entregar transferencias directas, “lo que puede provocar asistencialismo electoral y lucrar con la necesidad de las familias que se hubiesen visto afectadas por algún desastre natural. Además, no tiene reglas de operación, que son instrumentos que fortalecen la transparencia y rendición de cuentas, pero sí tienen lineamientos que son más flexibles en su aplicación, muy propicios a la corrupción”, dijo.
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