Los pasados 25 de agosto y 3 de septiembre, cinco organizaciones civiles presentaron una queja y un amparo ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Juzgado de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, respectivamente, luego de que comenzaron a arribar al país vuelos provenientes de Estados Unidos con migrantes y personas con necesidades de protección.
Asylum Access México, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Sin Fronteras IAP y el Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI) denunciaron que estas expulsiones de territorio estadounidense se dieron bajo el Título 42 .
En ambos recursos, las organizaciones señalaron cómo el gobierno de México realiza deportaciones ilegales de madrugada y por puntos no establecidos, así como devoluciones en cadena, en las que las personas son expulsadas desde Estados Unidos a aeropuertos de Chiapas y Tabasco, para después ser trasladadas vía terrestre a la frontera con Guatemala por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) y la Guardia Nacional; todo esto sin que las personas reciban información sobre la posibilidad de solicitar protección en México.
En un comunicado, las organizaciones condenaron que entre el 5 y 31 de agosto se registraron 34 vuelos provenientes de Estados Unidos.
“Estas acciones violan el derecho al debido proceso y al asilo , establecido en la legislación nacional e internacional. Además, no toma en cuenta el interés superior de la niñez ni la perspectiva de género, y transgrede el principio internacional de no devolución, que establece que no se debe forzar a las personas con necesidades de protección internacional a regresar al país del que escaparon y donde sus vidas pueden estar en riesgo”.
Acusaron que la colusión del gobierno mexicano con el estadounidense no sólo violenta los derechos de las personas con necesidades de protección, también incumple con el compromiso asumido el 21 de marzo de 2020, en la nota informativa emitida por la Cancillería mexicana sobre Título 42.
En ella se señala que se recibirán a 100 personas diarias, con excepción de aquellas vulnerables al Covid-19 -entre ellas niñas y mujeres embarazadas-, de Guatemala, Honduras y El Salvador. No obstante, se ha registrado la expulsión de personas de nacionalidades diferentes a las señaladas y un mayor número de personas respecto del comprometido.
La queja y el amparo presentados están dirigidos al Instituto Nacional de Migración, la Guardia Nacional, la Dirección General de Control y Verificación Migratoria del INM, al Congreso de la Unión, la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Ejecutivo federal.
Las organizaciones de la sociedad civil hemos insistido, dijeron, en que las expulsiones en cadena bajo Título 42 son una estrategia más de los gobiernos de Estados Unidos y México para contener la migración; acción está destinada al fracaso y representa la violación de diversos derechos humanos, nacionales e internacionales.
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