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El decreto aprobado por la Cámara de Diputados mediante el cual se establece que la difusión sobre revocación de mandato no es propaganda gubernamental es un hecho anticonstitucional, además de que es una facultad que no corresponde a los diputados, coincidieron analistas.
Los diputados expresaron, en entrevistas por separado, que se dedicaron a interpretar la ley, cuando ello es una facultad del Poder Judicial.
El exconsejero presidente del otrora IFE Luis Carlos Ugalde dijo que lo hecho por Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados es algo sin sentido y ridículo que únicamente busca la propaganda política.
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“El Congreso no tiene facultades para interpretar, esto es un sinsentido. Esta es una cuestión inédita y ridícula, es como si el presidente [de la República] decidiera hacer una ley y por decreto imponerla”, comentó.
Ugalde destacó que esto parece un movimiento para empujar a servidores públicos de todos los niveles de gobierno para que lleven a cabo actos de propaganda, en tanto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncien sobre la carencia de facultad por parte de la Cámara de Diputados.
María Marván
, exconsejera electoral, puntualizó que quien interpreta la ley es el Poder Judicial, y con este decreto aprobado por la mayoría en la Cámara de Diputados lo que se refleja es una ruptura de la división de poderes.
“El Poder Legislativo hace leyes, no dicta decretos para establecer a los tribunales, y en este caso también a la autoridad administrativa, el cómo debe interpretar la ley. Si no le gusta cómo se interpreta debe promover una reforma legal”, consideró.
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Cuestionó, además, que para presentar la propuesta de tal decreto se brincaron todas las formalidades legislativas.
“Están buscando cambiar las reglas de un proceso en curso, a través de la interpretación. Podemos suponer que este acuerdo va a ser controvertido frente a la Suprema Corte, porque claramente puede ser controvertido.
“Lo que pasa es que se juega con el tiempo, se burlan del Estado de derecho. De aquí a que admite o no la Suprema Corte y que resuelve, pues va a pasar el 10 de abril, y considerar que el decreto está vigente”, alertó.
Marván añadió que se busca, además, dar la vuelta a las decisiones que ya han establecido el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral.
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Por su parte, Marco Baños , quien fuera consejero electoral, manifestó que el decreto aprobado es contrario a las disposiciones vigentes en la Constitución, específicamente en el artículo 41, en donde se especifica la restricción de propaganda gubernamental.
“Lo que hicieron es contrario a la Constitución, están contrariando la disposición genérica que contiene el 105 de la Constitución, que dice que 90 días previos al desahogo de un proceso electoral no se pueden modificar las reglas del juego y aquí el detalle es que esa regla, por analogía, es aplicable a la revocación de mandato”, dijo.
Baños resaltó que con este decreto se busca dejar libre la expresión de los servidores públicos, lo cual será propaganda gubernamental, determinado, incluso, por el Tribunal Electoral.
“Lo que hace el decreto de Morena es simplemente quitarles a los servidores públicos la obligación de quedarse callados. Lo que hace Morena es que quiere dejar libres a todos los servidores públicos para que hablen de los logros de gobierno.
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“Es un decreto ilegal, vulnera las disposiciones constitucionales. Constituye un albazo de Morena y sus aliados, que quieren dejar reglas que les permitan hacer lo que quieran”, manifestó.
