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El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no habrá impunidad en los crímenes contra periodistas y se comprometió a investigar los recientes asesinatos del reportero Fredy López Arévalo, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y del fotorreportero Alfredo Cardoso, en Acapulco, Guerrero.
“Vamos a dar respuesta a la viuda, a los huérfanos, vamos a investigar y atender el caso para que no haya impunidad, en lo que corresponde a este periodista de San Cristóbal, y también en el caso de Guerrero, y en todos los casos”, señaló.
Instruyó a la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, que dé información sobre el avance de las investigaciones lo más pronto posible.
El Mandatario reconoció que es una “situación muy lamentable” porque el periodismo en los pueblos, en los estados, es muy riesgoso desgraciadamente.
“Por eso vamos a seguir ayudando, porque es parte de la descomposición que tenemos que ir enfrentando y espero que esto vaya mejorando porque ya no hay tolerancia para la corrupción, no hay impunidad para nadie”.
Reiteró que la convicción de su administración es investigar y dar con los responsables en crímenes contra periodistas.
El martes pasado se conmemoró el día internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra los periodistas.
Con los crímenes del periodista de Chiapas, Fredy López Arévalo, corresponsal de EL UNIVERSAL en la década de los 90, y del fotorreportero de Guerrero, Alfredo Cardoso Echeverría, perpetrados la semana pasada, suman 49 los comunicadores asesinados en lo que va de esta administración, de los cuales se ha dictado sentencia en sólo cinco.
Ayer, en entrevista con EL UNIVERSAL, Jesús Ramírez Cuevas, coordinador general de Comunicación Social de la Presidencia, aseguró que para acabar con la impunidad en las agresiones contra periodistas se requiere de cambios a la ley que castiguen con mayor severidad cuando en éstas participen autoridades de cualquier orden de gobierno.
El vocero de Presidencia señaló que se ha identificado que buena parte de las agresiones provienen de los gobiernos estatales y municipales, y “hay que hacerles pagar las consecuencias”.
