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Como resultado de una denuncia penal presentada por la Secretaría de la Función Pública (SFP), un juez de control vinculó a proceso a tres exfuncionarios de la dependencia por su presunta responsabilidad en la sustracción del expediente original del caso de la “ Casa Blanca ” de los archivos de la secretaría.
En un comunicado, la secretaría informó que en 2019, Irma Eréndira Sandoval , titular de la SFP, ordenó que se presentara una denuncia penal por la sustracción del expediente sobre el posible conflicto de interés del entonces Presidente de la República, Enrique Peña Nieto , con Grupo Higa.
La SFP detalló que esta denuncia se originó en una investigación iniciada en el Órgano Interno de Control, después de que exfuncionarios señalaran que antes de la entrega de la Secretaría de la Función Pública a la nueva administración se habría sustituido el expediente original por una copia de la versión pública, que presuntamente omitía diversas evidencias de la investigación.
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Tras una minuciosa indagatoria, señaló la SFP, en la que se hizo evidente que el expediente de la llamada “Casa Blanca” no fue archivado de conformidad con la ley en la materia y las normas internas de esta Secretaría, la Función Pública presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por el posible delito de ejercicio ilícito de servicio público en contra de José Carreño Camacho, exsubsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas; de Jesús Antonio Juárez, exdirector General de Denuncias e Investigaciones y de Daniel Pérez, exdirector General Adjunto de Investigaciones, a finales de la anterior administración.
La SFP informó que seguirá coadyuvando, como parte ofendida, en este caso que continúa en etapa de investigación complementaria.
“Confiamos en que el trabajo de la Fiscalía en coordinación con esta dependencia permitirá esclarecer la desaparición de este expediente de investigación, así como sancionar a quien haya sido responsable”, indicó.
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La secretaria Irma Eréndira Sandoval Ballesteros manifestó que esta vinculación a proceso de los tres exfuncionarios es un paso más para erradicar la impunidad y garantizar una administración honesta, legal y ética.
”La Función Pública está comprometida con fortalecer, en el ámbito de sus atribuciones, los mecanismos de coordinación con las autoridades ministeriales para asegurar que cuenten con todos los elementos para la correcta integración de las investigaciones y, de esta manera, sumar esfuerzos para erradicar la impunidad”, dijo.
rcr
