El penalista Juan Velásquez sostiene que la prisión preventiva oficiosa debe sustituirse por otro tipo de garantías procesales, pues se trata de una de las mayores injusticias del proceso penal.
Conocido como el abogado que nunca ha perdido un caso, Velásquez explica que cuando apenas se está enjuiciando a una persona para saber si es culpable de un delito y merece pena de prisión, esa sanción ya se le está imponiendo, aunque preventivamente, para evitar que se sustraiga de la acción de la justicia.
“Hay un libro de Derecho clásico de un autor italiano, Francesco Carnelutti. La obra se llama Las miserias del proceso penal, en el que él refiere que la justicia humana hace sufrir a los hombres, no porque sean culpables, sino para saber si lo son mediante un aprisionamiento preventivo, que es una tortura”, detalla.
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Entrevistado por EL UNIVERSAL acerca del análisis que hará el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en torno a la iniciativa de limitar la prisión preventiva, Juan Velásquez es claro al externar que está en contra de la medida.
“Estoy en contra de la prisión preventiva oficiosa. Entiendo la necesidad de la prisión preventiva, pero también entiendo que los jueces deben tener toda la libertad para cada caso de declararla o no, sustituyéndola por otras garantías para que la persona permanezca en el lugar de su juicio”, dice el penalista con más de 52 años de experiencia.
Juan Velásquez hace referencia al caso de Rosario Robles, extitular de la Secretaría de Desarrollo Social durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
“A Rosario Robles se le impuso prisión preventiva hace tres años por el riesgo de que pudiera fugarse. Estuvo en prisión tres años, para que se le dejara en libertad provisional. ¿Cuál es la diferencia de hace tres años a ahora? ¿Hace tres años había riesgo de que se fugara y ahora no?
“Se le privó de su libertad injustamente y a las personas se les debe seguir un juicio para que si llegan a ser encontradas culpables, se les imponga una pena, pero esa prueba de prisión no debe ser desde un principio, presumiéndolas culpables”, comenta.
Enfatiza que la prisión preventiva oficiosa es “un mal necesario” en algunos de casos, pero no en todos, porque es contraria a la presunción de inocencia.
“A las personas durante su procesamiento se les presume inocentes; no obstante esa presunción y que apenas hay un juicio, desde el primer día del juicio imponen la prisión preventiva, no como un castigo, sino para prevenir que la persona se escape; pero a final de cuentas, resulta igual que un castigo”, explica.
Refiere que México cuenta con un sistema de prisión preventiva oficiosa, que significa que los jueces de oficio la deben decretar.
“El artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que se impondrá prisión preventiva para determinar un delito. Cuando ese artículo se promulgó, la prisión preventiva oficiosa era para cinco delitos, ahorita es para 16, al rato será para 20, después para 50 y al rato será para todo”, dice.
Y agrega: “Entonces, la prisión preventiva oficiosa es una injusticia porque tasa por igual a todas las personas acusadas de haber cometido un delito.
“Presume esa prisión preventiva oficiosa que todas las personas acusadas por esos delitos se van a escapar, van a seguir cometiendo delitos, van a salir a destruir pruebas, lo cual no es cierto”.
En este sentido, comenta que “se debe dejar a los jueces la libertad de analizar cada caso para que en cada uno, impongan prisión preventiva justificada u otorgar una libertad con las garantías de que la persona va a comparecer a su juicio; por ejemplo, que no se va a sustraer de su juicio [mediante] una caución, una fianza, un brazalete, entregar el pasaporte, firmar cada semana, dependiendo de la persona y del caso”, indica.
¿Qué opina acerca de lo que asegura el Presidente en torno a que de eliminarse la prisión preventiva oficiosa se permitiría la salida de muchos delincuentes?
—Es un señalamiento equivocado. Para empezar, no saldrían muchos delincuentes porque son personas a las que apenas se les está enjuiciando y se les presume inocentes. Entonces, no podemos hablar de que saldrían muchos delincuentes, sino de que saldrían personas que apenas están siendo enjuiciadas.
Además, no saldrían así nada más, sino que los jueces, en todo caso los jueces podrían imponer medidas cautelares que aseguraran la permanencia de las personas en los juicios.
El abogado destaca que el argumento que permea sobre la prisión preventiva oficiosa es que “si se les deja libres se propiciaría la impunidad; sin embargo, la impunidad no se origina por esto, sino porque los delitos no se castigan y no porque a las personas se les permita enfrentar sus juicios en libertad”, expone.
¿Considera que la eliminación de la prisión preventiva oficiosa permitiría que no hubiera tanto hacinamiento en las cárceles?
—Claro que sí, porque a muchísimas de las personas se les podría poner en libertad, pero no en una libertad absoluta, porque no estamos hablando de una sentencia absolutoria, sino de una libertad provisional durante su juicio y bajo una medida cautelar que, como ya mencioné, podría ser una caución, una fianza, un brazalete, entregando su pasaporte, yendo a firmar cada semana, etcétera.
¿Cuál es su opinión sobre los continuos ataques desde Palacio Nacional al Poder Judicial por este análisis de la prisión preventiva oficiosa?
—El Presidente está equivocado en su punto de vista porque a final de cuentas de lo que se trata no es de liberar a delincuentes, sino de liberar preventivamente durante su juicio, a personas presumiblemente inocentes porque apenas se les está empezando a enjuiciar.
¿Qué piensa que podrían ocasionar esos ataques?
—Sin duda, un desprestigio injusto e inmerecido del Poder Judicial. Yo tengo 52 años ejerciendo como defensor en los juicios penales y me consta que la inmensa mayoría de los jueces son competentes y honorables.
Por eso creo que los calificativos del Presidente hacia el Poder Judicial de la Federación es por el desconocimiento que tiene sobre este poder. Esto lo que está ocasionando es que la gente le pierda confianza a los administradores de justicia y comiencen, como ya hemos visto, a hacerse justicia por su propia mano.
Estas críticas han sido muy perjudiciales porque provienen de la más alta autoridad del país, y por lo mismo, muchísimas personas le creen.