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La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ( ONU-DH ) celebró que nueve de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ( SCJN ) hayan reconocido el daño que representa para los derechos de las personas la aplicación de la prisión preventiva oficiosa (PPO), al señalar su incompatibilidad con los estándares internacionales en materia de libertad personal, debido proceso y presunción de inocencia.
“Se debe tener presente que una de las graves consecuencias de la aplicación de esta figura ha sido que muchas personas, especialmente las más desfavorecidas social y económicamente, se encuentran injustamente privadas de la libertad, incluso por más de una década”, señaló Guillermo Fernández Maldonado , representante de la ONU-DH.
“Expresamos nuestra solidaridad con todas las personas que de manera arbitraria se han encontrado en reclusión en México bajo esta figura”, agregó.
Indicó que siguió con particular atención el importante debate que sostuvo el pleno de la Corte en materia de PPO y saludó el esfuerzo de quienes han procurado acotar la aplicación de esta medida privativa de la libertad, considerada claramente arbitraria conforme a las normas y estándares internacionales.
Destacó que diversos mecanismos internacionales como el Comité de Derechos Humanos, el Comité contra la Tortura, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, la Relatoría Especial sobre tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes y la propia ONU-DH han señalado la incompatibilidad de la PPO con los tratados internacionales de los que México es parte. En el mismo sentido se ha pronunciado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Dijo que la ONU-DH reconoce la disposición constructiva y colaborativa de los ministros y las ministras, particularmente de quienes redactaron los proyectos sometidos a discusión, y el valor de la declaratoria de inconstitucionalidad de las leyes secundarias que indebidamente extendieron el marco de aplicabilidad de la PPO.
Destacó la oportunidad que se ha perdido para compatibilizar la normativa constitucional con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
En este sentido, la ONU-DH reiteró las recomendaciones que indican la necesidad de derogar esta figura del texto constitucional y alienta a asegurar un espíritu de apertura frente los órganos internacionales que tienen competencia para evaluarla a la luz de los compromisos internacionales del Estado mexicano.
Expresó que la ONU-DH seguirá trabajando para que las autoridades competentes eliminen toda forma arbitraria de privación de la libertad y reiteró su compromiso de continuar alentando y asistiendo técnicamente al Estado mexicano en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales.
ed
