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coincidieron, en entrevista con EL UNIVERSAL , en que la prisión preventiva por sí misma es una medida que violenta la presunción de inocencia de todos los ciudadanos.
Este lunes la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) eliminó la prisión preventiva de oficio para la defraudación fiscal , los factureros y el contrabando.
Durante la sesión y a través de redes sociales el ministro presidente Arturo Zaldívar afirmó que está en contra de la prisión preventiva oficiosa porque esta medida es de por sí violatoria de derechos humanos.
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El presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó la resolución y acusó a la Corte de buscar proteger corruptos.
Al respecto, Ignacio Morales Lechuga, exprocurador General de la República, consideró que con sus declaraciones el presiente López Obrador, demostró que no respeta a la Corte y que la inclusión de estos delitos fiscales en el catálogo de los que merecen prisión preventiva oficiosa fue indebida y representa un retroceso en el sistema penal en agravio de los derechos humanos.
“El presidente quiere manipular a la opinión pública haciendo ver a la corte como una protectora de minorías conservadoras”, dijo.
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“El presidente y el poder legislativo ampliaron el catálogo de delitos que deben tener prisión preventiva de oficio, haciendo retroceder nuestra reforma judicial en varios casos al punto en que nos encontrábamos antes de poner en vigor el nuevo proceso oral”.
Por ello, el especialista indicó que el país debe avanzar al grado de dejar de utilizar la prisión preventiva como un castigo y no como una medida cautelar.
“La posición del Presidente, apoyada por el Legislativo, es un retroceso en materia de Derechos Humanos, lo que hizo la Corte me parece muy adecuado y deberíamos avanzar en ese mismo sentido y evitar desvirtuar y desnaturalizar, como se está intentando hacer, el nuevo sistema penal”, agregó.
“Es lo que debe hacerse, avanzar para que la mayoría de las personas acusadas enfrente su proceso en libertad y sólo por excepción se imponga la prisión preventiva oficiosa o forzosa”.
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El penalista, Marco Antonio del Toro, explicó que si bien los delitos fiscales que formaron parte del análisis de la Corte ocasionan mucho daño a la sociedad, la resolución del Máximo Tribunal no implica que ninguna persona que los cometa pueda ser llevado a prisión preventiva.
“Tratándose de estos delitos fiscales, a los que se refirió la Corte y el presidente, no significa impunidad, porque no significa que no serán objeto de prisión, serán objeto de prisión si se les condena o de prisión preventiva si el MP la puede justificar. Lo que era irracional es que en esos delitos las personas tengan que ingresar a prisión pase lo que pase”, dijo.
Consideró que la crítica del presidente no es del todo errónea en el sentido de que la justicia siempre debe prevalecer sobre la ley pero que, al no ser abogado, probablemente su apreciación puede alejarse de lo que realmente debe ocurrir.
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