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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acusó que los gobiernos del PRI y del PAN construyeron activamente maquinarias de exterminio y represión y fueron indolentes e insensibles ante los estragos generados por sus violentas políticas de seguridad.
“Encima crearon -de facto- garantías de impunidad. Por lo que, hoy en día, la sociedad demanda legítimamente la implementación de todas las medidas necesarias para garantizar justicia a las víctimas de desaparición forzada”, señaló.
En un comunicado, el organismo que comanda Rosario Piedra Ibarra refrendó su compromiso con la defensa del pueblo y la protección de los derechos a la verdad, la justicia y la memoria, así como su compromiso de continuar contribuyendo a la búsqueda de la verdad y la justicia, y a mantenerse vigilante del respeto a los derechos humanos.
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En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, aseguró que durante la presente administración se creó la Oficina Especial para Investigar Represión y Desapariciones Forzadas por Violencia Política de Estado durante el Pasado Reciente, la cual documentó y continúa sus investigaciones sobre cómo operó la violencia política de Estado en México, a través de documentos y testimonios que han quedado plasmados en las recomendaciones General 46/2022 y por Violaciones Graves 98VG/2023.
El trabajo de la Oficina ha señalado varias cosas, entre ellas, que la violencia fue perpetrada por el Estado y dirigida desde la investidura presidencial y por el Estado Mayor Presidencial; que dicha violencia política se ejerció de manera sistemática desde la década de los años cincuenta y hasta la 2016; que durante este largo periodo esta violencia política que utilizó sistemáticamente la desaparición forzada en contra de los opositores y disidencias del régimen, fue cambiando de estrategias y formas de operar, siempre violentando los derechos humanos y buscando el exterminio físico, simbólico y social de una alternativa de proyecto de nación.
Posteriormente, con la mal llamada “Guerra contra el narcotráfico” declarada por Felipe Calderón Hinojosa, su uso se expandió, siendo ya no focalizado en contra de la disidencia, sino que, como está documentado por la Comisión Nacional, desde 2008 y 2011 se recrudeció la violencia en contra de la población usando de pretexto la guerra contra el crimen organizado que dejó millones de víctimas, presentados como “daños colaterales”.
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Desde entonces, el fenómeno se diversificó y ahora es usado por particulares como parte de las consecuencias de la falsa lucha en contra de la delincuencia organizada. Hoy, por primera vez, la sistematicidad de la desaparición forzada, crimen que únicamente puede ser cometido por servidores públicos, ya no proviene de las autoridades del Estado. Sin embargo, la desaparición de personas cometida por particulares requiere que el Estado cumpla con su obligación de buscar y dar certeza del paradero de las personas desaparecidas a sus familias.
Expresó que la misma consigna permanece tanto para la desaparición forzada como para la desaparición por particulares: memoria, verdad, justicia y no repetición.
La CNDH llamó a las autoridades responsables a cumplir con su obligación, como lo ha hecho en los documentos citados, de implementar todos los medios tecnológicos, científicos y humanos a su alcance en las labores de búsqueda y localización de las personas reportadas como desaparecidas, para garantizar el derecho a la verdad en favor de sus familias y, a su vez, en favor del pueblo de México.