El coordinador del grupo parlamentario el PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira , presentó un proyecto de reforma para ampliar el catálogo de sanciones por la coparticipación de organizaciones delictivas en procesos electorales, entre las que destacan retirar el financiamiento público a partidos políticos, la cancelación del registro de candidaturas, la pérdida de registro, y cárcel de 15 a 30 años.
Propone modificar diversas disposiciones de las Leyes Generales en Materia de Delitos Electorales, de Instituciones y Procedimientos Electorales, de Partidos Políticos, y del Código Penal Federal y de la Ley Federal de Delincuencia Organizada.
En la Ley General en Materia de Delitos Electorales plantea cancelar el registro de candidatura y negar la participación del partido político, en caso de acreditarse la participación de organizaciones delictivas en el proceso electoral.
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Así como retirar el financiamiento de campaña a los partidos políticos, coaliciones, candidaturas independientes; y la pérdida de registro de los partidos políticos.
Y cuando se acredite la presencia del crimen organizado en las campañas electorales o se atente contra la vida de un candidato, los Congresos locales podrán iniciar el procedimiento de disolución de gobierno municipio.
En la Ley General de Partidos Políticos, propone obligar a los partidos políticos a pronunciarse en contra de la intromisión del narcotráfico y organizaciones criminales en sus procesos internos y electorales en sus documentos básicos; y abstenerse de realizar afiliaciones colectivas de ciudadanos.
La reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales plantea que los partidos políticos destinen hasta 10% de sus prerrogativas de radio y televisión a difundir propuestas en materia de seguridad y la lucha contra del narcotráfico .
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Además, prohíbe que la propaganda electoral promueva o difunda expresiones sociales , culturales, gráficas o musicales que hagan referencia a la apología del delito.
Y establece que los delitos relacionados con la intervención del crimen organizado en el proceso electoral, así como el homicidio de un candidato por parte de organizaciones delictivas son imprescriptibles.
En la Ley Federal de Delincuencia Organizada impone de 15 a 30 años de cárcel a la persona candidata, precandidata, funcionaria partidista, funcionaria electoral o servidora pública que por omisión o acción, permita la participación del crimen organizado en procesos electorales
El documento señala que durante el proceso electoral de 2020 y 2021, se contabilizaron 239 incidentes de violencia que pueden ser ligados a células criminales y 26 incidentes en casillas de 11 Estados, de acuerdo a reportes de Integralia.
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En el mismo sentido, durante las elecciones de 2022, la Fiscalía de Delitos Electorales señaló que entre septiembre de 2021 y junio de 2022, se recibieron 29 denuncias previo a la jornada y 30 durante los comicios. A estas cifras se suman alrededor de 243 denuncias por presunto involucramiento de organizaciones criminales, detalla la iniciativa.
También refiere que información filtrada a medios, señalan que existen más de 80 grupos del crimen organizado y 16 bandas criminales en el país; y que por lo menos en mil 58 municipios hay uno o varios grupos del crimen organizado.
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