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El Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó hoy ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una Acción de Inconstitucionalidad en contra del segundo paquete del llamado “Plan B” de la reforma electoral impulsada por Morena y sus aliados en el Congreso, informó Alejandro Moreno.
En un mensaje a través de sus redes sociales, el dirigente nacional aseguró que “el PRI dará la batalla legal para defender la democracia de México”.
En el recurso, se establece que es contra el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de marzo pasado.
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Precisa que la reforma contiene modificaciones sustantivas a la estructura y órganos que integran a la autoridad electoral que constitucionalmente tiene depositada la función estatal de organizar las elecciones; es decir, el Instituto Nacional Electoral (INE).
En el documento, el PRI expuso que esos cambios pretenden transformar los elementos básicos de la estructura del Instituto que se habían mantenido sin alteraciones relevantes desde 1990 a la fecha.
“Es tal la profundidad de las reformas efectuadas y que se contienen en el Decreto en cuestión, que es posible afirmar que con ellas se están vulnerando los principios fundamentales que la Constitución establece para la función estatal de organizar las elecciones, y que son condición para garantizar la celebración de elecciones libres, auténticas y periódicas, conducidas por una autoridad que goce de la plena autonomía con que le dota la Constitución”, argumentó.
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Agregó que la reforma pretende simplificar procesos administrativos y jurisdiccionales que ponen en riesgo, incluso, la plenitud del ejercicio de los derechos fundamentales vinculados a la materia electoral.
El PRI plantea que la reforma atenta contra los derechos y principios fundamentales siguientes: derecho a votar en las elecciones populares y consultas; renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo mediante elecciones libres, auténticas y periódicas; alteración de la plena voluntad del pueblo mexicano para constituir la República democrática y representativa, y alteración de la soberanía nacional por falta del ejercicio de la voluntad popular plena.
Asimismo, atenta contra los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad en la función estatal de organizar las elecciones; autonomía de la autoridad electoral; debido ejercicio de la función legislativa por parte del Congreso en la división de poderes; y, debida protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos.
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