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Con el apoyo del PRI, PVEM y algunos perredistas, las bancadas de Morena, PES y PT en la Cámara de Diputados aprobaron ayer el dictamen que crea la Guardia Nacional en un periodo extraordinario.
Este nuevo cuerpo tendrá un mando civil a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y una Junta de Jefes de Estado Mayor integrada por militares de las secretarías de la Defensa y Marina, además de Seguridad.
De acuerdo con las modificaciones incluidas, se especifica que la Junta de Jefes de Estado Mayor quedará en una posición jerárquica inferior a la Dirección de la Guardia Nacional, que recaerá forzosamente en un servidor público civil, y que puede ser el titular de la SSPC.
El dictamen —que fue enviado al Senado— se aprobó en lo general por 362 votos a favor, 119 en contra y cuatro abstenciones, y establece que la dependencia encabezada por Alfonso Durazo será la encargada de formular el programa operativo, las políticas, estrategias y acciones que desempeñe el nuevo cuerpo.
A su vez, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se encargará de la estructura jerárquica, disciplina, régimen de servicios, ascensos, prestaciones, ingreso, profesionalización y el cumplimiento de las responsabilidades y tareas.
Se elimina la facultad de investigación de delitos que en el dictamen aprobado en comisiones se había otorgado a la Guardia y esa tarea estará a cargo del Ministerio Público y policías, como dice la Constitución.
Otra tarea que le quitaron a la Guardia Nacional fue la de preservar el orden y la paz pública, “con el objeto de que dicha corporación no realice funciones relacionadas con la disuasión, contención o disolución de la protesta social o política”, según lo explica el documento de cambios.
Ahora, el Senado analizará y en su caso aprobará esta minuta, y si no se le realizan cambios, se enviará a los Congresos locales, que tras ser avalado por al menos 17 de ellos, se podrá promulgar, y a partir de la entrada en vigor el Congreso tendrá 90 días para emitir la Ley Orgánica de la Guardia Nacional, y hasta 120 días para elaborar las leyes reglamentarias sobre el uso legítimo de la fuerza y el registro nacional de detenciones.
Militarización. El argumento principal del PAN, PRD y MC para votar en contra fue que se militarizará al país. Representa el primer paso, afirmaron, para establecer un gobierno autoritario y acusaron que el mando civil es una simulación del gobierno.
Expertos y activistas en seguridad como Diego Luna, Alejandro Madrazo, y articulistas de EL UNIVERSAL como Alejandro Hope, María Elena Morera y Catalina Pérez Correa acusaron que sus intervenciones en las audiencias públicas no fueron escuchadas y exigieron no usar sus nombres para legitimar este proceso.
También, cuatro diputados se abstuvieron de votar: la vicecoordinadora de Morena, Tatiana Clouthier; el único legislador invidente, Hugo Rafael Ruiz Lustre (Morena), Ernesto D’Alessio (PES) y Lidia García Anaya (Morena). Incluso, Clouthier Carrillo subió a tribuna junto con un grupo de legisladores para eliminar del dictamen a la Junta de Jefes de Estado Mayor.
En su posicionamiento a favor de la propuesta, el PRI explicó que en las modificaciones consiguieron anteponer tres filtros de mando civil al de las Fuerzas Armadas. Estos serán el mando del jefe del Ejecutivo, el director de la Guardia Nacional, y el secretario de Seguridad.
Durante el debate, el diputado Jorge Romero (PAN) aseguró que es una simulación el mando civil: “¿A quién quieren engañar? Esta habrá de ser una Guardia Nacional militar”, dijo. MC protestó desde la tribuna mientras vestían playeras con la leyenda: “La guerra no hace la paz”.