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El Grupo Parlamentario del PRI exigió al gobierno federal frenar la competencia desleal en el ramo textil, del vestido y calzado y pidió frenar las importaciones temporales de productos terminados, así y tipificar como fraude aduanero las importaciones por debajo del costo de materias primas que ingresan al país a precios fuera de competencia.
A nombre de la bancada priista, la senadora Nancy de la Sierra presentó un punto de acuerdo para emplazar al gobierno federal a que cumpla con sus obligaciones legales en defensa y protección de la industria nacional y del empleo de las y los mexicanos.
La senadora del PRI advirtió que la industria textil nacional está atravesando por una severa crisis que pone en riesgo poco más de un millón 200 mil empleos, por lo que pidió someter a revisión el programa de la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación ante importaciones textiles temporales, de productos terminados que no pagan IVA ni aranceles y se están volviendo una avalancha de competencia desleal para la industria mexicana.
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Dijo que aunque estas mercancías entran al país como definitivas, la competencia sigue siendo desleal, pues la mayoría llegan sin evaluación y dañan la producción nacional, sobre todo propician una evasión fiscal que tan solo en 2023 ascendió a 8 mil 500 millones de pesos de productos chinos que ingresan a nuestro país.
En este sentido, el punto de acuerdo suscrito por las y los senadores del PRI propone eliminar importaciones temporales de productos confeccionados y determinar como fraude aduanero las importaciones por debajo del costo de la materia prima, así como impedir el ingreso de cualquier importación a precios irrisorios y, sobre todo, solucionar la que se da vía empresas de mensajería de venta de ropa por Internet.
“Este punto de acuerdo plantea un respetuoso exhorto a la Secretaría de Economía y Hacienda y Crédito Público para que, a través de la Agencia Nacional de Aduanas de México, resuelva el daño a la hacienda pública, a la industria mexicana, a los consumidores y a los millones de familias que dependen de ella, cumpliendo su obligación legal en defensa de la protección de la industria nacional textil, del vestido y del calzado”, señala el documento.
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