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Al considerar que legitima excesos contra los trabajadores , lesiona sus posibilidades de solvencia y los lleva a recurrir a financiamiento en condiciones desventajosas, la bancada del PRI en la Cámara de Diputados externó su rechazo al dictamen en materia del Crédito de Nómina.
Al exponer el posicionamiento de la fracción tricolor, el legislador José Francisco Yunes Zorrilla lamentó dejar pasar una oportunidad para regular en beneficio de todas las partes, una buena acción jurídica que permita encontrar equilibrios y superar vicios. “A los trabajadores no se les defiende con discursos, se les defiende con hechos”, enfatizó.
Resaltó que el PRI a lo largo del tiempo ha logrado fortalecer el sistema financiero nacional, pero lo ha hecho pensando en su competitividad, en encontrar equilibrios y eficiencia, así como convertir estas aptitudes, en un vehículo que permita desarrollo.
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En su oportunidad, el diputado Yerico Abramo Masso señaló que se debe garantizar que el trabajador tenga toda la información financiera antes de firmar cualquier contrato de crédito de nómina, porque, anotó, existen 54 millones de mexicanos que utilizan los servicios financieros, de los cuales 24 millones utilizan un crédito y de este grupo muchos son de nómina.
Explicó que los bancos manejan una tasa de interés en los créditos de nómina de un 28 por ciento, mientras las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes), el promedio ronda del 58 hasta el 90 por ciento. Por ello, insistió, debemos darles una legislación de alto nivel a los trabajadores y no una que es insuficiente sin sustento jurídico ni financiero.
Al respecto, el exsecretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal puntualizó que el crédito de nómina de la Banca es más barato que el de las Sofomes, porque el trabajador tiene la libertad de decidir con qué banco abre su cuenta, y éstos compiten para ganarla y por ello ofrecen condiciones más atractivas.
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Sostuvo que se ha tolerado por años el abuso contra los trabajadores, pero para corregirlo, precisó, no se puede recurrir a una regulación que está mal diseñada y que en lugar de ayudarles, lo que hace es darle a las instituciones financieras el privilegio de garantizar el pago bajando el riesgo y no propiciar la competencia para reducir las tasas.
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