El planteamiento de la iniciativa de Morena relativa a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y a la de es erróneo y carece de fundamentación jurídica , aseguró la diputada federal priísta, Marcela Guerra Castillo.

Al exponer, a nombre del Partido Revolucionario Institucional la postura en contra de esa propuesta, aseguró que los morenistas otorgan un beneficio directo al Ejecutivo mediante el decreto por el que se da una nueva interpretación al concepto de , en la legislación electoral y en la Ley Federal de Revocación de Mandato .

La también secretaria de la Mesa Directiva informó que ante tales irregularidades, el Revolucionario Institucional se reservará las acciones constitucionales que puedan ejercerse en contra de este “decretazo interpretativo”.

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Pidió a sus pares en esta LXV Legislatura no dejar un precedente que violente el quehacer parlamentario. “La dignidad del cargo de legislador nos obliga a actuar con responsabilidad para no vulnerar el Estado de derecho”, externó.

Expresó que, en efecto, el artículo 72, inciso F de la Constitución, establece una facultad del Congreso de la Unión de interpretar leyes vigentes, pero no de cambiarlas, como señala la propuesta del partido mayoritario en San Lázaro.

Entre otros puntos, el planteamiento de los legisladores de Morena plantea que “no constituyen propaganda gubernamental las expresiones de las personas servidoras públicas, las cuales se encuentran sujetas a los límites establecidos en las leyes aplicables”.

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La diputada neoleonesa, explicó que la nueva legislación permitirá hacer uso de organizaciones, de instituciones y de servidores públicos “para manifestar posturas que a todas luces violentan la veda electoral ya establecida por el Instituto Nacional Electoral”.

maot

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