En la división entre los coordinadores de Morena en el Senado y la Cámara de Diputados, Adán Augusto López y Ricardo Monreal, respectivamente, se avizora un nuevo encontronazo, pues mientras diputados monrealistas alistan la defensa del legislador zacatecano, en la Cámara Alta preparan la presentación de una denuncia por las presuntas irregularidades detectadas en las Legislaturas 64 y 65.
Lo anterior, en la víspera de una reunión que sostendrán el coordinador de los diputados de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, con su homólogo en el Senado, Adán Augusto López, y el presidente de la Cámara Alta, Gerardo Fernández Noroña, para abordar el tema y que presuntamente se llevará a cabo este mismo lunes.
Fuentes cercanas al coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, informaron que el legislador no hará más declaraciones a los medios de comunicación sobre el tema.
“No dirá más de lo que ya expuso en tribuna en el Senado”, dijeron fuentes consultadas por este diario. Detallaron que el líder de la mayoría en el Senado alista la denuncia penal que se presentará a través de la Dirección Jurídica de la Cámara Alta, por el hallazgo de los dos contratos que Adán Augusto López calificó como “negocitos añejos”.
A su vez, legisladores que trabajaron con Ricardo Monreal, apoyados de técnicos del grupo parlamentario guinda en la Cámara de Diputados, tienen lista la defensa contra los señalamientos de supuestos malos manejos de recursos en el Senado durante la 64 y 65 Legislaturas.
Se trata de contratos y auditorías en las que se afirma que las declaraciones que el coordinador de Morena en la Cámara Alta realizó el pasado 13 de diciembre, “son una falsedad”.
Se explica que la aseveración de que el contrato por “administración de archivos” beneficiaba anualmente a una empresa con 60 millones de pesos no corresponde a la realidad, pues se trata del contrato por Servicio de guarda, custodia, conservación y administración de los expedientes que conforman los juicios de amparo, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales.
“El supuesto costo de 60 millones de pesos, que habría implicado una erogación de 360 millones en seis años es absolutamente falso; el promedio de pago anual por estos servicios es de 4 millones de pesos, para un total de 24 millones en seis años, de 2019 a 2024”, puntualiza el documento al que tuvo acceso EL UNIVERSAL, y que va acompañado por más de mil fojas con contratos y auditorías.
Se puntualiza que los expedientes que a la fecha se guardan y conservan al amparo de dicho contrato son 4 mil 903 gavetas con 140 mil 128 expedientes de juicios de amparo, 23 gavetas con 433 expedientes de controversias constitucionales y seis gavetas con 59 expedientes de acciones de inconstitucionalidad, documentación a la que se suman 8 mil 503 cajas de archivo de concentración que contienen 112 mil 411 expedientes.
La empresa que proporciona este servicio es Full Service, que además del Senado tiene contratos gubernamentales con el ISSSTE, Defensa y Marina, entre otras dependencias del gobierno federal.
En torno a la segunda aseveración de Adán Augusto López, en la que informó sobre un procedimiento de rescisión de un contrato por fabricación de elevadores con Grupo Piasa, los técnicos advierten que el Senado no puede rescindir ese contrato “debido a que en septiembre de este año sus actuales autoridades recibieron y finiquitaron, sin comentario ni observación alguna, el contrato en los términos de la normatividad”.
Se señala que el pasado 5 de septiembre las autoridades actuales del Senado acudieron a la reunión con la Auditoría Superior de la Federación, en la que se les manifestó que, una vez concluida la revisión física y documental del contrato de elevadores, “no se encontró inconsistencia alguna al contrato de PIASA, por lo que no hay observación o recomendación y, por lo tanto, ningún daño patrimonial”.
Finalmente, el análisis contiene 77 auditorías internas, externas y realizadas por la ASF a la Cámara Alta durante el periodo 2018-2024, un promedio de 13 por año.
Como resultado de lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisó las cuentas públicas del año 2018 a 2022 mediante ocho auditorías de gestión financiera, obra pública y tecnologías de la información, en las que emitió 45 recomendaciones y una observación, las que fueron solventadas.
Por lo que respecta a la Contraloría Interna, durante las 64 y 65 legislaturas realizó 69 auditorías en las que emitió 21 sugerencias y 85 observaciones, las que fueron atendidas en su totalidad.
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Al término de la 65 Legislatura la ASF emitió un informe que señala: “Se puede concluir que la Cámara de Senadores cumplió con la legis-lación y normatividad aplicable y los recursos se ejercieron de manera responsable y confiable, toda vez que se determinó que no hubo daño patrimonial al erario público”.
Los documentos “prueba” contienen un apartado de transparencia, en el que se integran las verificaciones vinculantes anuales realizadas por el Inai de septiembre de 2018 a agosto de 2024.
“El Senado obtuvo 100% de calificación en el cumplimiento de la carga trimestral de las obligaciones de transparencia en la Plataforma Nacional de Transparencia. Esta calificación evidencia que el Senado transparentó en tiempo y forma el ejercicio de los recursos públicos en materia de contratos, sueldos y salarios, honorarios y demás acciones que implican el uso y destino de los recursos públicos asignados", se destaca.